Solo 66 personas culminaron el proceso de formalización minera entre 2025 y 2026, según informó el procurador público especializado en materia constitucional del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, durante la audiencia del Tribunal Constitucional (TC) realizada este jueves. La cifra se conoció mientras los magistrados evaluaban la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El dato expone los escasos resultados de un procedimiento que lleva años extendiéndose y que mantiene a miles de operadores inscritos sin haber completado los requisitos para obtener la formalidad. La demanda ante el TC cuestiona precisamente la continuidad de este mecanismo y sus efectos sobre la protección ambiental y la persecución de las actividades de minería ilegal.
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Congreso reportó más de 29 mil expedientes en formalización en 2025
Durante la audiencia, el representante del Congreso, Juan Carlos Prado Herrera, señaló que en 2025 existían 29.580 expedientes vigentes en el proceso de formalización. Entre los requisitos que todavía debían cumplir los inscritos mencionó instrumentos de gestión ambiental, documentación arqueológica y contratos de explotación.
La cifra corresponde a expedientes y no necesariamente a personas, por lo que no es directamente comparable con las 66 personas que, según el procurador del Ejecutivo, culminaron el procedimiento entre 2025 y 2026. Sin embargo, ambas intervenciones expusieron la distancia entre la cantidad de trámites que permanecen abiertos y los resultados concretos de la formalización.
El representante del Congreso también señaló que parte de las dificultades para avanzar recae en los gobiernos regionales, responsables de tramitar los expedientes. La capacidad técnica y administrativa de estas entidades influye en la velocidad con la que los inscritos pueden cumplir los requisitos exigidos para obtener la formalidad.
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¿Los mineros conservarán la exclusión penal después del Reinfo?
Otro de los puntos discutidos ante el TC fue el alcance del artículo 307-A del Código Penal, que regula el delito de minería ilegal y contempla una exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentran en proceso de formalización. La controversia es si esta disposición dejará de aplicarse cuando termine el Reinfo, el próximo 31 de diciembre, o si podría mantenerse para los mineros que continúen su trámite bajo el nuevo régimen de formalización de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE).
El abogado del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que el fin del registro no eliminaría necesariamente esa exclusión. Su argumento es que el artículo 307-A no menciona expresamente al Reinfo, sino a quienes están en proceso de formalización. Por ello, si los inscritos pasan al nuevo régimen y mantienen esa condición, podrían continuar amparándose en la disposición penal.
El procurador del Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, defendió una interpretación distinta: sostuvo que la exclusión está vinculada al Reinfo y que, por tanto, dejará de operar cuando concluya su vigencia. Durante la audiencia, el presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, cuestionó si esa interpretación era suficiente, dado que el texto del artículo 307-A no establece expresamente que la disposición termine junto con el registro.
La discusión también alcanzó al proyecto de ley MAPE, que plantea un nuevo marco para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. El cuestionamiento es que, si el nuevo régimen permite continuar el proceso de formalización bajo condiciones similares, la exclusión penal podría mantenerse pese al cierre del Reinfo. Hasta ahora, el TC no ha emitido un pronunciamiento que defina cómo se aplicará esa disposición después del registro.
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TC dejó al voto demanda contra la Ley 32537
El expediente 00009-2026-PI/TC corresponde a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 32537, que estableció la última ampliación del proceso de formalización minera. El gremio cuestiona que la extensión del registro sea compatible con las obligaciones constitucionales de protección ambiental y con la persecución de las actividades ilícitas.
Durante la audiencia, los representantes del Congreso y del Ejecutivo defendieron la norma cuestionada, mientras que los demandantes expusieron sus reparos sobre los efectos de mantener vigente el Reinfo. Entre los argumentos planteados estuvo que las sucesivas ampliaciones han prolongado un mecanismo transitorio sin resolver las dificultades que impiden a los inscritos completar su formalización.
Al término de la sesión, el TC dejó el expediente al voto. Los magistrados deberán emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Mientras tanto, la cifra presentada por el Ejecutivo y la discusión sobre los efectos penales del registro muestran algunos de los principales cuestionamientos que rodean al proceso de formalización minera.
