A lo largo de catorce páginas, el partido Renovación Popular sustenta su recurso para que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque su decisión que fija como criterio el impedir que un primer regidor que ejerció como alcalde en el período inmediato anterior asuma la Alcaldía, lo que tendría efectos directos en la situación de Rafael López Aliaga. También plantea que, en su defecto, determine que este “criterio restrictivo”, como se le considera, no se aplique en la actual contienda, sino que recién surta efectos en futuras elecciones, alegando que se trata de una decisión “inconstitucional”, entre otros.
El recurso fue planteado el último martes ante el JNE. Allí se cuestiona que el pleno del órgano electoral introdujo “un impedimento” que no era conocido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), por lo que “se ha vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad al haberse alterado las reglas del proceso electoral una vez culminada la jornada de votación”. El caso ya está en manos de la autoridad electoral, habiéndose abierto un expediente jurisdiccional para su evaluación (Expediente ERM.2026-068324).
Sin embargo, tres especialistas consultados por El Comercio advirtieron que este recurso de reconsideración a favor de López Aliaga no procedería, tanto por una cuestión de forma como de fondo. El tema es clave pues, según ha anunciado el propio dirigente de Renovación Popular, la agrupación buscará llevar el caso incluso a la vía judicial. Así será el camino que seguiría.
A opinión de Fernando Rodríguez Patrón, experto en temas electorales y asociado del Instituto Aklla Perú, la Constitución establece que las resoluciones del pleno del JNE son inimpugnables. Este aspecto haría que el recurso interpuesto por el personero de Renovación Popular no tenga ningún margen ni posibilidad real de prosperar, por una cuestión de forma.
A ello se suma que, en el fondo, el pedido planteado implicaría que la autoridad electoral inobserve el artículo 194 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente la reelección de alcaldes. “Ni por forma ni por fondo sería amparable este escrito de Renovación Popular; bajo ningún supuesto”, dijo Rodríguez Patrón a El Comercio.
Ahora bien. Ante la posibilidad de que se opte por la vía judicial, Rodríguez explicó que en 2005, en el Caso Lizana Puelles, el Tribunal Constitucional estableció que, si bien las decisiones del JNE son irrevisables, ello no constituye un patente de corso. Sin embargo, también precisó que un proceso constitucional de amparo únicamente es procedente cuando se vulneran derechos fundamentales.
En esa línea, consideró que el amparo tampoco tendría asidero legal en este caso, al no configurarse una afectación a un derecho fundamental, más aún si López Aliaga pudo participar en las elecciones como regidor. Además, advirtió que un proceso de esta naturaleza podría tomar años en resolverse.
Respecto a una eventual medida cautelar, que ciertamente es más expeditiva, Rodríguez recordó la controversia surgida en el caso del partido de Duberlí Rodríguez, en el que el JNE presentó una demanda de conflicto competencial contra el Poder Judicial para defender su esfera. Esta aún sigue en trámite. “¿En caso una medida cautelar ordene la entrega de credenciales a López Aliaga cuál sería la postura del JNE?”, cuestionó Rodríguez Patrón.
Por su parte, José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho constitucional y electoral, consideró que el escrito presentado por la agrupación será declarado improcedente. Explicó que, en anteriores oportunidades, los recursos de reconsideración interpuestos contra acuerdos del pleno del JNE han sido desestimados, debido a que el marco legal no contempla esta figura.
Recordó que, en 2005, se creó un recurso extraordinario para evaluar resoluciones del pleno del JNE. Sin embargo, este mecanismo fue eliminado en enero del 2018. La resolución que lo dejó sin efecto advirtió que, durante sus doce años de vigencia, el recurso terminó desvirtuándose.
“El marco legal no contempla una reconsideración a los fallos del jurado que son emitidos en última y definitiva instancia. Lo que pasa que quienes lo interponen confunden y buscan aplicar la ley de procedimiento administrativo general a un tribunal electoral”, comentó Villalobos.
El especialista señaló que el recurso primero será puesto en conocimiento del pleno y sometido a votación. A partir de los antecedentes, estimó que la decisión será declararlo improcedente.
En similar línea, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega sostuvo que el JNE es el supremo tribunal electoral y, por ende, tiene la última palabra en materia electoral. Consideró que, si el organismo ya se pronunció en contra de la denominada “reelección encubierta”, ese será el criterio que prevalecerá. A su juicio, la reconsideración “va a ser rechazada”.
Rospigliosi también se refirió a la posibilidad de que Renovación Popular opte por una demanda de amparo. Estimó que la audiencia y la sentencia de primera instancia podrían producirse hacia fines del próximo año. Para cuando el caso llegue a una segunda instancia y, eventualmente, al Tribunal Constitucional, el período municipal incluso podría haber concluido.
“No podría ser que el JNE entregue la credencial de alcalde a un ciudadano en el 2022 y, al mismo ciudadano, le entregue la credencial de alcalde en el 2026, 2030, 2034, 2038. Eso sería generar incentivos perversos para la reelección indefinida. Y no hay que olvidar que un pilar de la democracia es la alternancia del poder”, remarcó Rospigliosi.
