El pasado viernes 6 de noviembre del 2026, la serie colombiana “Palacio” (en inglés: “Under Siege”) llegó a Netflix con una historia que muchos espectadores latinoamericanos conocen bien: la toma del Palacio de Justicia de Bogotá. Así, la producción mezcla thriller, drama judicial y memoria histórica. Y, tal como te puedes imaginar, cada capítulo deja una duda: qué ocurrió de verdad y qué parte es ficción. Por eso, aquí te presento los hechos reales, lo que dicen los tribunales y lo que se sabe de las víctimas.
Vale precisar que el show televisivo avanza en dos tiempos: primero el ataque al edificio y después la búsqueda de verdad de las familias de quienes no regresaron.
El equipo creativo, por su parte, reúne a Edgar Nito, Jairo Bustamante y Samir Oliveros en la dirección, y a un grupo de guionistas integrado por Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos, Estefanía Piñeres y Natalia Santa.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Palacio”:
¿QUÉ HECHO REAL CUENTA “PALACIO”?
La serie de Netflix se inspira en la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), miembros del M-19 ingresaron al edificio, el cual entonces albergaba la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y tomaron como rehenes a cientos de magistrados, empleados y visitantes.
Así, la retoma militar se extendió durante más de 24 horas.
Y si bien la institución reconoce que no existe claridad definitiva sobre el número total de muertos, Medicina Legal recibió 94 cadáveres procedentes del Palacio. Y, entre las víctimas, figuran 11 magistrados de la Corte Suprema.
¿QUIÉNES ERAN EL M-19?
El M-19, o Movimiento 19 de Abril, fue un grupo guerrillero colombiano surgido a comienzos de los años setenta, en el contexto de la disputa por las elecciones presidenciales de 1970.
Tal como explica The Cinemaholic, el grupo había firmado acuerdos de paz con el gobierno de Belisario Betancur en 1984, pero el proceso se deterioró antes de la toma del Palacio.
Y como el lugar albergaba entonces las altas cortes, se convirtió en un objetivo de enorme peso simbólico.
¿CÓMO RESPONDIÓ EL EJÉRCITO Y QUÉ PASÓ CON LOS DESAPARECIDOS?
De acuerdo con la Corte IDH, el Ejército lanzó la recuperación del edificio con tanques, tropas y un operativo violento. Además, durante la retoma, se produjo un incendio que destruyó buena parte del Palacio.
Así, el tribunal declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición forzada de diez personas: siete empleados de la cafetería del Palacio, dos visitantes e Irma Franco Pineda, integrante del M-19.
También estableció su responsabilidad por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, así como por la detención arbitraria y tortura de cuatro personas.
Y, a través de decenas de testimonios y registros, Forensic Architecture concluyó que las personas que salieron con vida del Palacio fueron trasladadas desde la Plaza de Bolívar y la Casa del Florero hacia el Cantón Norte, una base militar de Bogotá.
¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES Y LOS ARCHIVOS HOY?
En el 2014, la Corte IDH declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Y es que, de acuerdo con la sentencia, el Estado debía investigar, juzgar y sancionar a los responsables, además de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad.
Asimismo, según la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda.
Sin embargo, en diciembre del 2015 la Corte Suprema revocó esa condena y lo absolvió de esos delitos por falta de pruebas.
En este contexto, es clave recalcar que la absolución de Plazas Vega fue penal y limitada a esos dos casos. Es decir, no eliminó la responsabilidad del Estado colombiano establecida por la Corte IDH.
Por otro lado, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en el 2019 a 35 años de prisión por la desaparición forzada de cinco de las doce víctimas del caso.
Y el caso también llegó a Estados Unidos: según el Center for Justice and Accountability, las hijas del magistrado Carlos Horacio Urán demandaron civilmente a Plazas Vega en Florida en 2022.
Este juicio comenzó el 8 de septiembre del 2026 y, el 17 de septiembre, un jurado de Miami determinó que no podía declararlo civilmente responsable por tortura y ejecución extrajudicial.
Por su parte, el National Security Archive ha recopilado y publicado documentos estadounidenses desclasificados relacionados con el caso, los cuales permiten examinar lo que autoridades de EE. UU. registraron y comunicaron durante los días de la crisis.
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