La autonomía con la que el puerto de Chancay puede operar en Perú acaba de abrirse otro frente. Ahora el Congreso de la República de Perú busca que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) pueda fiscalizarlo, sin que nadie lo cuestione, modificando una ley.
Especialistas indican que, de tener “suerte” en el Poder Legislativo y volverse ley, el proyecto “chocaría” con la decisión pendiente del Tribunal Constitucional (TC) que aún debe pronunciarse sobre esta materia.
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Más poder al Ositrán
El planteamiento de Eusebio Padilla parece sencillo: modificar un artículo de una norma y extender el campo de acción del Ositrán. Pero, en realidad, implicaría un cambio clave.
Específicamente plantea modificar el artículo 4 de la Ley N.º 26917, que establece las reglas de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo.
El extremo de esa ley al que el diputado ha puesto bajo su mira aborda el ámbito de competencia del Ositrán. El cambio que propone habilitaría a la entidad a ejercer sus funciones más allá de las concesiones e infraestructura nacional de transporte de uso público, como es al día de hoy.
“La titularidad privada de la infraestructura de transporte de uso público o la inexistencia de un contrato de concesión no excluyen ni limitan la competencia de Ositrán respecto de las entidades prestadoras comprendidas en el presente artículo”, sería el párrafo completo que agregaría el diputado a esta artículo de la Ley N.º 26917.
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Apuntan directamente a Chancay
En su exposición de motivos, el diputado de Obras no esconde que su proyecto de ley nace debido a la reciente controversia entre Cosco Shipping y Ositrán por la regulación, supervisión y fiscalización sobre el puerto de Chancay.
“Este caso en concreto trasciende a una problemática mayor, de relevancia nacional, donde tiene que quedar claro que por más que una infraestructura de transporte haya sido construida con capital privado, no es un área insular, sino sigue encontrándose dentro del territorio peruano y; por ende, se encuentra sujeta a sus leyes”, señala allí.
Como se recuerda, a finales de agosto, Cosco Shipping anunció que presentó un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) ante el TC para que este tribunal revise un fallo del Poder Judicial (PJ) de julio.
A falta de que el TC se pronuncie, en una parte de su proposición legislativa, la propuesta recalca que busca resolver el “vacío legal” que originó toda esta disputa en tribunales. Gestión buscó a Cosco Shipping para tener mayores comentarios del tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
¿Cambio a reglas de juego afectaría inversión portuaria?
A criterio de especialistas consultados por Gestión, aunque la propuesta puede tener buenas intenciones, no está libre de problemas.
Para Alberto Ego-Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el principal inconveniente es que la proposición legislativa es explícitamente una potencial ley con nombre propio.
A criterio del vocero de la CCL, ello representa un grave peligro para todo el sistema portuario nacional, ya que podría tomarse como un cambio a las condiciones legales para afectar, a su criterio negativamente, una inversión en curso que no nació como una concesión.
Precisamente Ego-Aguirre recordó que con la APN a la cabeza, son más de 15 las entidades públicas que ya supervisan al puerto de Chancay y sobre las que no hay ninguna oposición de parte de Cosco Shipping.
En ese sentido, recomendó que, si el Congreso pretende usar el caso de Chancay como ejemplo, que evalúe mejor darle mayores facultades sancionadoras a la APN.
Caso contrario, y con el planteamiento original de Obras, podrían frenar la inversión total del plan maestro de Cosco para este terminal. Su plan maestro contempla una inversión total de US$ 3,500 millones, de los cuales ya destinaron poco más de US$ 1,300 millones para la primera etapa, hoy operativa.
No resolvería “problema” de fondo sobre Chancay y Ositrán
Desde otra mirada, Patricia Benavente, expresidenta del Ositrán, tampoco aprobó la idea de Obras. A su criterio, está mal enfocado para el asunto que pretende resolver.
Benavente indicó que lo propuesto por Eusebio Padilla obligaría al Ositrán a regular también a los terminales portuarios privados, ya que al no limitar el accionar del regulador a las Asociaciones Público-Privadas (APP), mejor conocidas como concesiones, también las alcanzaría. Esto en referencia, por ejemplo, a los puertos construidos por las mineras para despachar su mineral.
Justamente sobre ello, Benavente recordó que los organismos reguladores, incluido Ositrán, está bajo el foco del Ejecutivo y Legislativo hace meses. El Gobierno de José Balcázar dejó un crédito suplementario por S/ 4,160.3 millones, donde también se limitó el rol de los organismos reguladores sobre las APP, por inclusión del Congreso.
Ya en este Parlamento, y como también informó este Diario, Renovación Popular busca revertir este cambio con otra proposición legislativa e incluso expandir el rol de los organismos reguladores sobre las APP.
“Siempre las empresas reguladas podrán no gustar de las opiniones de los reguladores. Pero eso no puede implicar que, por intereses o presión, se elimine totalmente su función”, dijo Benavente.
