El proyecto de ley presentado por la diputada Roxana Rocha, de la bancada de Renovación Popular, plantea que los funcionarios públicos asuman inicialmente los gastos de sus abogados y otros especialistas. El Estado solo les devolvería ese dinero si obtienen una decisión firme favorable que descarte su responsabilidad por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa propone modificar la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y cambiar las reglas que permiten a las entidades públicas cubrir estos gastos desde el inicio de una investigación o un proceso. Con la nueva fórmula, el funcionario tendría que asumir el costo de su defensa durante el procedimiento y luego presentar los documentos que acrediten los pagos para solicitar el reembolso.
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El beneficio alcanzaría a quienes afronten procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales o investigaciones fiscales, policiales y del Congreso por decisiones, actos u omisiones relacionados con sus labores. La propuesta también incluye a los exservidores, incluso si dejaron el cargo antes de que concluyera el caso.
El texto establece que no bastaría con el cierre de una investigación para recuperar el dinero. La decisión tendría que ser firme y favorable sobre el fondo del caso. Por ello, no habría reembolso si el proceso termina únicamente por prescripción, vencimiento de plazos u otra razón que no determine la ausencia de responsabilidad.
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Proyecto limita los gastos que el Estado podrá devolver a los funcionarios
La propuesta establece que las entidades públicas solo reconocerían gastos necesarios y directamente relacionados con la defensa. Para calcular el monto, tendrían que considerar la complejidad del caso, la especialización requerida, el trabajo realizado, la duración del proceso y los precios habituales del servicio. El funcionario deberá presentar contratos, comprobantes de pago y otros documentos que sustenten su pedido.
El Estado no cubriría multas, sanciones, reparaciones civiles, indemnizaciones, fianzas ni otros pagos impuestos al servidor. Si el procedimiento incluye varios hechos y la decisión solo resulta favorable respecto de algunos, el reembolso se limitaría a los gastos atribuibles a esos puntos. También se descontaría el dinero que la parte contraria ya hubiera pagado por la defensa.
La entidad donde el funcionario ejerció sus labores sería responsable de evaluar la solicitud. Si esa institución desaparece por una reorganización, la obligación pasaría a la entidad que la suceda. Además, las resoluciones que aprueben los reembolsos tendrían que publicarse dentro de los diez días hábiles siguientes, con información sobre el beneficiario, el concepto y el monto, salvo las excepciones previstas por ley.
