Promoviendo la inversión privada, pero protegiendo a nuestros buenos funcionarios

1. La semana pasada se cumplieron 35 años de la creación de Comisión de Promoción de la Inversión Privada –COPRI–, la antecesora de la actual ProInversión. La promoción de la inversión privada fue el complemento necesario a la estabilización macroeconómica y a las reformas estructurales lanzadas en 1990-1992. Este fue un periodo de transformación profunda y acelerada de nuestra economía, cuyas reglas básicas –incluyendo la promoción y protección de la inversión privada– quedarían plasmadas en el Capítulo Económico de la Constitución de 1993.

2. Además de contar con un marco general de política económica amigable a la inversión privada, esta se ha visto fomentada por un importante número de proyectos y políticas desarrollados desde hace muchos años por ProInversión. En particular, las Asociaciones Público-Privadas (APP) hicieron un uso inteligente de las concesiones para modernizar puertos, aeropuertos, carreteras, y ampliar la infraestructura en energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Las Obras por Impuestos (OxI) constituyen otro mecanismo innovador que ha permitido atraer cada vez a más empresas privadas a desarrollar proyectos de inversión pública relativamente pequeños que estamos comprobando que son mejor ejecutados por los privados.

3. En esta oportunidad, fijemos la atención en las concesiones. Abundan ejemplos de APP que permitieron desarrollar infraestructura clave para sostener el crecimiento económico del país. Refirámonos a tres. El primero, la concesión del aeropuerto Jorge Chávez en el 2001. Lima Airport Partners hizo una oferta muy agresiva para ganar la concesión y se obligó a transferir casi la mitad (46.51%) de sus ingresos brutos al Gobierno central; habiéndose acumulado a la fecha un aporte de más de US$ 3,700 millones. Con estos recursos, el MTC financia y subsidia el desarrollo de los aeropuertos regionales del interior del país.

4. En el caso de los aeropuertos, se concibió un sistema de subsidios cruzados en que Lima subsidia al resto del país. Esto ha permitido que los concesionarios de los dos grupos de aeropuertos regionales realicen inversiones por más de US$ 600 millones. Más importante, aún estos montos podrían triplicarse en los próximos años gracias a las adendas que vienen negociando o han negociado el MTC y ProInversión con ambos concesionarios. Esto permitirá transformar y modernizar la infraestructura de terminales clave y pistas de aterrizaje del norte y sur.

5. Un segundo ejemplo, es la concesión del Muelle Sur del Callao a DP World Callao en el 2006. Desde entonces, la empresa concesionaria ha realizado inversiones por más de US$ 1,000 millones. Esta era una infraestructura que no existía, se construyó de cero. Cerca del 54% del monto total fue destinado a cumplir con las fases de construcción y equipamiento contempladas en el contrato de concesión. El restante 46% han sido inversiones voluntarias, para incrementar la competitividad del puerto más allá del acuerdo inicial. Gracias al éxito de la concesión del Muelle Sur, se abrió paso para que se pudiera dar en concesión el Muelle Norte, ahora operado por APM Terminals Callao, que viene acumulando inversiones por US$ 700 millones.

6. Olmos es un tercer e importante ejemplo de una concesión exitosa. Este proyecto permitió hacer realidad un viejo sueño de Lambayeque: trasvasar las aguas del río Huancabamba de la cuenca del Atlántico a la costa y así irrigar un desierto y permitir el desarrollo de la agricultura. Para ello se construyó el túnel transandino, el más largo del país, y la presa Limón. La APP viabilizó inversiones de más de US$ 500 millones en las obras de trasvase que irrigan 25 mil hectáreas activas donde hoy hay activos valorados en más US$ 3,500 millones. ¡Un multiplicador superior a 7! Olmos se convirtió en un polo agroexportador del país; en el 2025, aportó cerca del 75% de los US$ 1,240 millones de agroexportación de Lambayeque, generando 88 mil puestos de trabajo.

7. Son muchos profesionales de primer nivel los que trabajaron y trabajan en el Estado promoviendo la inversión privada, el motor de nuestro crecimiento económico. Algunos de ellos –como los miembros del Comité de Infraestructura, responsables de las concesiones, Alberto Pasco Font y Sergio Bravo, por ejemplo–, contribuyeron a transformar y dinamizar nuestra economía con esfuerzo perseverante, valentía y probidad. Ellos tuvieron un rol protagónico en las APP del Jorge Chávez, el Muelle Sur del Callao y el proyecto de irrigación de Olmos aquí reseñados. Sin embargo, desde hace algunos años, están sufriendo las consecuencias de que el Estado les haya dado la espalda en un contexto en que el Ministerio Público y el Poder Judicial se habían politizado y desnaturalizado. Sin duda, esto constituye un despropósito mayor; es hora de corregirlo. Solo así podremos atraer a los mejores a servir en el Estado, para beneficio de todos.

Carlos E. Paredes es socio-fundador de Intelfin Estudios y Consultoría y docente de la U. Continental.