En el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Gobierno de Keiko Fujimori publicó dos decretos legislativos que modifican normas penales y procesales para enfrentar la delincuencia.
Se trata del DL N° 1743 y el DL N°1744. El primero, sanciona con hasta 15 años de prisión a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero proveniente de extorsiones, mientras que el segundo presume que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional en legítima defensa.
Pena de hasta 15 años por facilitar cuentas para recibir dinero de extorsiones
El Decreto Legislativo N.° 1744 modifica el Código Penal para ampliar las conductas sancionadas por extorsión.
La norma establece que también serán castigadas, con penas de entre 10 y 15 años, las personas que proporcionen, cedan o presten sus cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante este delito.
Otra de las modificaciones es que se eleva la sanción de entre 5 y 8 años a un rango de 10 a 12 años de prisión a quienes participen en actos de conspiración y ofrecimiento para cometer sicariato.
Cuando estas conductas se realicen con la intervención de un menor de edad u otra persona inimputable, la pena pasará de 6 a 10 años a entre 12 y 15 años. Además, se incorpora como supuesto agravado que los actos se realicen desde el interior de un establecimiento penitenciario.
A su vez, las penas para quienes constituyan o integren una banda criminal que antes iban de entre 4 y 8 años pasan a un periodo de 6 a 12 años de cárcel. Se mantiene, además, la multa de 180 a 365 días.
Otras modificaciones al Código Penal
Otro de los cambios es que se sancionará a quienes prestan, alquilan o facilitar armas o bienes relacionados para fines ilícitos.
Si las armas o bienes facilitados son propiedad del Estado, la pena será de entre 10 y 15 años de prisión. Si se trata de armas con números de serie, marcas o códigos de identificación suprimidos, sustituidos o alterados, la sanción será de entre 12 y 14 años.
Asimismo, se incorpora el delito de falsedad en la declaración de pérdida o sustracción de armas de fuego. Los titulares de licencias que consignen información falsa en documentos o registros oficiales sobre la pérdida o robo de armas, municiones, accesorios o materiales relacionados podrán recibir entre 4 y 8 años de cárcel.
Si el responsable es un integrante de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o un funcionario penitenciario, la pena se elevará a entre 6 y 10 años.
Otro de los nuevos delitos sanciona, con entre 4 a 6 años de prisión, la suplantación de identidad para adquirir, registrar o transferir armas de fuego, municiones y accesorios, así como para obtener autorizaciones de porte o tenencia.
También se castiga con entre 2 y 5 años de prisión a quienes vuelvan al país pese a contar con una sentencia condenatoria firme o una sanción administrativa firme.
Cambios en delitos informáticos y detenciones
Los cambios también endurecen las sanciones por delitos informáticos. La pena por ingresar sin autorización a sistemas protegidos pasa de un rango de 1 a 4 años a uno de 3 a 6 años.
Además, se consideran agravantes el uso de inteligencia artificial, la afectación de servicios esenciales y la participación de empresas. Si el delito es cometido por una organización criminal, la condena puede aumentar hasta en la mitad.
Por otro lado, se establecen detenciones de hasta 10 días para casos de reingreso ilegal al país y de hasta 15 días para investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro y delitos vinculados al crimen organizado.
También se fijan nuevas reglas para la incautación de armas y explosivos, y se amplían los casos en los que la Policía puede solicitar la ubicación y el rastreo de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las investigaciones.
Modificación en la norma de legítima defensa
Respecto al segundo decreto, N.° 1743, se modificó el Código Penal para presumir que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional. Es decir, desde un inicio se presumirá que actuó en legítima defensa.
Anteriormente, el ciudadano debía demostrar que su reacción ante un ataque fue proporcional. Sin embargo, la modificación asume ello y será el Ministerio Público quien deba demostrar lo contrario.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma, toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá ser fundamentada bajo sanción de nulidad (aplicable incluso a casos en trámite). Antes de este decreto, los jueces podían desestimar la legítima defensa con argumentos generales.
A su vez, se obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo y archivar de inmediato si se cumplen los requisitos que prueban que hubo legítima defensa. Esto a fin de extender investigaciones preliminares o formalizar denuncias pese a indicios de defensa propia.
La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) indicó que, si bien aún no ha revisado a detalle el decreto legislativo, recordó que cuando se debatió lo presentado en el pedido de facultades se identificó que el mecanismo de legítima defensa en el país no protegía realmente a quienes tuvieran que usarlo frente a una situación de riesgo.
“Lo que siento es que al revés, mas bien se ha usado de forma distorsionada ese mecanismo de legítima defensa para avalar situaciones de impunidad sobre todo cuando se trata de población que no tiene capacidad para defenderse a la justicia”, declaró a la prensa.
Como ejemplo mencionó que se ha usado para cometer abusos, represión, facilitar violaciones a los derechos humanos.
“Sinceramente yo del actual gobierno creo que hemos escuchado muchos intentos de flexibilizar normas que protegen mas bien los derechos de los ciudadanos en desmedro de, por ejemplo, la actuación policial”, indicó.
