La disciplina en las aulas entra en una nueva etapa tras la firma del decreto supremo por parte de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, que establece disposiciones para regular la conducta de los estudiantes de Educación Básica en colegios públicos y privados. La normativa incorpora una clasificación de las infracciones escolares y delimita las funciones que deberán asumir directores, profesores y padres de familia. Asimismo, contempla medidas correctivas frente a las faltas cometidas por los alumnos, que en las situaciones más graves podrían terminar con su separación definitiva de la institución educativa.
Con estas reglas, el Gobierno busca establecer procedimientos más claros para intervenir ante comportamientos que perjudican la convivencia dentro de los centros educativos. Entre los principales cambios destaca el reconocimiento de la autoridad de los docentes como una herramienta legítima para orientar a los escolares y dirigir el desarrollo de las actividades académicas. De esta manera, los profesores tendrán respaldo normativo para mantener el orden y garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje, tanto en las aulas como en los demás espacios escolares.
Conoce las faltas muy graves que se pueden cometer en el colegio y por las cuales existen expulsiones
Dentro de las nuevas disposiciones, los docentes estarán facultados para llamar verbalmente la atención a los estudiantes que incumplan las normas de convivencia establecidas por sus colegios. No obstante, cuando se produzcan conductas consideradas graves o muy graves, tendrán la obligación de comunicar lo ocurrido a la dirección del plantel. A partir de ese momento, los directivos asumirán la responsabilidad de evaluar cada situación, conducir el procedimiento disciplinario y establecer las sanciones que correspondan, según la gravedad de la infracción.
Entre las medidas contempladas por la normativa figuran la suspensión temporal de clases, la matrícula condicional y la expulsión definitiva del estudiante. Esta última sanción podrá imponerse cuando el alumno acumule tres suspensiones durante el mismo año académico o cometa una falta muy grave que justifique su separación. También se aplicará ante conductas reiteradas que afecten la convivencia y hagan imposible su permanencia en la institución educativa. De esta manera, los colegios contarán con criterios definidos para afrontar los casos de indisciplina.
¿Qué conductas serán consideradas faltas graves y muy graves dentro de una institución educativa?
Las nuevas disposiciones de disciplina escolar establecen una clasificación de las conductas que afectan la convivencia dentro de los colegios. Entre las faltas graves figuran las agresiones físicas que no ocasionen lesiones, el maltrato psicológico, las amenazas y las humillaciones. También se considera la difusión de información privada sin consentimiento, la reincidencia en infracciones leves y el uso de celulares u otros dispositivos tecnológicos para actividades ajenas al aprendizaje sin autorización. A esta relación se suman las tardanzas injustificadas frecuentes, la posesión o consumo de sustancias prohibidas y la incitación a participar en retos o apuestas que pongan en riesgo a los menores.
En una categoría de mayor gravedad aparecen el bullying y el ciberbullying que comprometan la integridad de los estudiantes, así como la violencia y el acoso sexual, la discriminación, la extorsión y el cobro ilegal de cupos. La normativa también contempla la promoción y venta de drogas, la tenencia o utilización de armas, la fabricación de explosivos, el robo y la falsificación de documentos oficiales. Asimismo, sanciona la suplantación de identidad en redes sociales y la difusión de fotografías, audios o datos personales sin autorización. Estas conductas son consideradas faltas muy graves por vulnerar la seguridad, la dignidad y la privacidad de los integrantes de la comunidad educativa.
Entre las medidas contempladas están las reglas sobre presentación personal y uniformes
La presentación personal también forma parte de las nuevas disposiciones que deberán cumplir los escolares durante la jornada educativa. En los colegios públicos y privados, se exigirá mantener una higiene adecuada, vestir correctamente el uniforme o la ropa establecida por cada institución y respetar las normas de seguridad y disciplina. Estas medidas buscan ordenar la convivencia dentro de las aulas y establecer pautas claras sobre la apariencia de los estudiantes.
En los planteles estatales, las restricciones serán más específicas: no estará permitido utilizar maquillaje ni accesorios como aretes, piercings, anillos, cadenas o pulseras. También se regularán los tatuajes, el largo de las faldas y el cabello teñido; las alumnas deberán llevar el pelo ordenado, mientras que los varones tendrán que asistir con el cabello recortado y afeitados. En las instituciones privadas, en cambio, cada colegio deberá detallar estas condiciones en su reglamento interno y comunicarlas oportunamente a los padres de familia.
Conoce las sanciones que podrán aplicarse a los estudiantes en caso que incumplan las reglas
El nuevo régimen disciplinario contempla medidas que van desde una llamada de atención verbal y la reparación del daño hasta la restricción temporal de espacios recreativos o actividades extracurriculares. También permite separar al estudiante del aula por un periodo determinado, siempre que permanezca dentro del colegio y bajo supervisión pedagógica. Para las faltas graves o muy graves, las sanciones pueden alcanzar una suspensión de hasta tres días hábiles, la matrícula condicional e incluso la separación definitiva. Sin embargo, cada decisión deberá evaluar la edad del menor, su desarrollo y sus antecedentes, además de las circunstancias y consecuencias del incidente. El estudiante tendrá derecho a brindar su versión y sus familiares deberán recibir una comunicación formal sobre lo ocurrido.
Cuando se determine una expulsión, el director deberá informar a los padres o representantes legales y poner el caso en conocimiento de la UGEL, que tendrá la responsabilidad de garantizar una alternativa para que el alumno continúe sus estudios en una institución pública. Los lineamientos también trazan límites claros: quedan prohibidos los castigos físicos, insultos, burlas, humillaciones y cualquier trato denigrante. Ningún estudiante podrá ser privado de alimentos, agua, servicios higiénicos, descanso, atención médica ni de los apoyos que requiera por discapacidad o necesidades educativas específicas. Si se detectan presuntos delitos, el personal del colegio deberá comunicar inmediatamente los hechos a la Policía o al Ministerio Público. La suscripción del decreto supremo se realizó en el colegio Alfonso Ugarte, durante una actividad oficial que contó con el ministro de Educación, José Antonio Chang; la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce; directores y representantes de la comunidad educativa.
