Las observaciones contra los sectores de Defensa y del Interior continúan. En esta oportunidad, el mismo ciudadano que denunció constitucionalmente a los titulares de ambas carteras ha solicitado a la Contraloría General de la República que inicie una auditoría a ambos ministerios para determinar si existen indicios de contrataciones irregulares.
Con respecto al Ministerio de Defensa, se advierte un posible conflicto de intereses en el nombramiento de Darwin Teófilo Eufracio León como viceministro de Recursos para la Defensa. Asimismo, se cuestionan la designación y la permanencia de Maritza Johanna Manturano Castro como jefa del Gabinete de Asesores del Mindef, debido a un presunto caso de contrataciones fantasma en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima S.A.). Por último, también se cuestiona el nombramiento de Beny Vásquez Alegría en el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), pues se sostiene que el funcionario no cuenta con el perfil adecuado para el cargo.
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Por otro lado, en el Ministerio del Interior se advierten otros tres casos. El primero es la contratación de Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro como asesor mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pese a los cuestionamientos por presunta corrupción en su contra. El segundo es la permanencia de Yosilú Bazán López como secretaria del ministerio, pese a su presunta participación en ingresos irregulares a la sede de la institución. Finalmente, se cuestiona que Erick Fernando Caso Giraldo continúe como representante del sector ante el Consejo Directivo de la CPMP sin que se haya reevaluado su idoneidad para el puesto.
Para sustentar la intervención de la Contraloría General de la República, las solicitudes citan la Constitución y señalan que el artículo 128 establece que los ministros son responsables por los actos de sus funcionarios que autorizan. Además, invocan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que establece que todas las instituciones del Estado peruano están sujetas al control de la Contraloría.
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Ministros Astudillo y Belaunde fueron denunciados constitucionalmente
Días antes, el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, fueron denunciados constitucionalmente por las presuntas contrataciones indebidas señaladas en este artículo. Las denuncias fueron presentadas ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En ambas denuncias constitucionales se solicita la destitución de los ministros y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Asimismo, se pide que se autorice el inicio de un proceso penal por los presuntos delitos señalados en las denuncias.
