La recientemente presentada Guía para invertir en proyectos de infraestructura en el Perú 2026/2027 revela cuál es el nivel mínimo de proyectos que debe adjudicar Perú anualmente. EY Perú junto a ProInversión, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Cancillería elaboraron este documento.
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Una base mínima
A partir de ese diagnóstico, se presentan alternativas y oportunidades de promoción de proyectos, tomando de base a la cartera actual de ProInversión, como lo priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031.
Al respecto, durante su exposición, Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, precisó que la estabilidad administrativa, entendida como continuidad del Poder Ejecutivo al más alto nivel (presidencia, ministros), pero también de directores de línea, es crucial para que la alta brecha identificada pueda acortarse en el tiempo.
Por ese motivo reconoció que las Asociaciones Público-Privadas (APP) se mantienen como el mecanismo más eficaz, no solo para atender esa demanda de infraestructura de manera sostenible en el tiempo, sino para aprovechar el interés empresarial en aportar a ello.
“Las adendas se vieron por años como algo malo, pero en este contexto cobran sentido. Tenemos una demanda saturada y este es un mecanismo válido para evaluar si los concesionarios actuales pueden adelantar las inversiones necesarias. Ahí está el costo de oportunidad”, señaló.
“Esa cantidad debería ser la base o el piso para crecer. En 2027 se espera adjudicar mucho más, pero si logramos US$ 5,000 millones en APP ya será un éxito, de repetirse a lo largo del periodo gubernamental es lo que garantizaría el cierre de brechas”, explicó.
Vale recordar que, entre 2019 y 2025, ese monto solo se alcanzó y superó en una ocasión: 2024, con casi US$ 9,000 millones adjudicados en APP y Proyectos en Activos (PA).
¿Posible desde 2026?
La pregunta es si, tras adjudicar US$ 4,756 millones en 2025, se podrá volver a tener esa cantidad señalada por Carrillo como base, desde este mismo año. De acuerdo con lo expuesto por Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, es posible.
Específicamente quedan “pendientes” hasta 10 proyectos y 4 adendas por más de US$ 2,300 millones para lo que resta del año.
Entre ellas figuran 2 proyectos de Transmisión Eléctrica y las declaratorias de interés de la PTAR San Martín y el Puerto de Chimbote. A nivel de adendas, se cerrarían la de Cálidda (Proyecto “7 regiones”), el Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales, el Ferrocarril del Centro y Salog (servicio de distribución de medicinas de EsSalud).
Respecto a las APP ya cerradas, algunas como el llamado “Tren Macho” terminaría su proceso de liberación de interferencias este 2026. “El Anillo Vial Periférico podría iniciar obras en unas semanas, y en dos [semanas] firmamos el contrato de la PTAR Puerto Maldonado”, agregó.
Para 2027 se espera adjudicar 32 proyectos APP y 4 adendas, por más de US$ 18 mil millones en total. Poco más de la tercera parte de toda esa inversión se explicaría por la adenda de la Línea 1 (US$ 6,546 millones), que Del Carpio fechó para concretarse en mayo del próximo año.
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AFIN pide agilizar proyectos en “infraestructura social”
Quien también estuvo presente en la presentación de la guía de EY fue Juan Pacheco, presidente de AFIN. Durante su intervención, hizo énfasis en los sectores que han ganado notoriedad dentro de la cartera de proyectos APP.
“Las APP son la mejor herramienta para cerrar todo el círculo. No es solo financiamiento y construcción, sino sobre todo operación y mantenimiento. No podemos hacer proyectos que no tengan todas esas etapas aseguradas”, reclamó.
En lo que va del 2026 ya se adjudicaron 3 APP de estos sectores: la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja), la adenda de Torre Trecca, y CER Lima Metropolitana (13 colegios). Para cerrar la meta de ProInversión en estos rubros, falta la adenda de Salog.
El líder gremial también hizo un llamado a las autoridades a reconocer que el Estado no es un buen gestor de proyectos, tanto por motivos presupuestales, pero sobre todo por capacidad administrativa para hacerles frente.
“Pensemos solo en la brecha en Educación. Cerca del 50% de colegios existentes necesita ser rehabilitado o reconstruido. ¿Vamos a poder enfrentar esa tarea solo con obra pública? No. Necesitamos colaborar con el privado para ello", insistió.