El Pleno de la Cámara de Diputados, presidido por Oscar Reto Otero (El Buen Gobierno), acordó reprogramar el debate del informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y contra el exministro Walter Ayala por el caso de presuntas coimas en ascensos militares.
La Junta de Portavoces de la cámara de Diputados adoptó la decisión, tras leerse unos oficios remitidos por los abogados de los denunciados.
“Señores diputados, de conformidad con los documentos leídos y luego de reunión en Junta de Portavoces, se va a reprogramar el debate y la votación del informe final presentado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia constitucional N.° 12 antes 403”, indicó el titular de la cámara.
En las misivas, los abogados de los exfuncionarios solicitaron diferir la fecha, indicando que no asistirían a la sesión programada (para este jueves 29 a las 15:00 horas), a fin de garantizar un plazo razonable para la revisión de la información que sustenta la denuncia constitucional.
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El informe final corresponde a la Denuncia Constitucional N.° 12 (antes 403), presentada por la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, que propone acusar a Pedro Castillo por “la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal (artículo 385 del Código Penal), abuso de autoridad (artículo 476 del Código Penal) y cohecho pasivo propio (artículo 393 del Código Penal) al haberse acreditado que se instrumentalizó su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros”.
En tanto, al exministro Ayala se le acusa “por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal), cohecho activo genérico (artículo 397 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal), al haber actuado como intermediario y gestor de los intereses ilícitos del presidente y de terceros, vulnerando sus deberes funcionales”.
El informe también propone el levantamiento de fuero de los acusados para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones respecto a los delitos funcionales identificados.
Según la tesis fiscal, Castillo Terrones habría intervenido en procesos de ascenso al margen de los criterios meritocráticos a cambio de supuestos pagos ilícitos. Entre los elementos de convicción recogidos por la Fiscalía, figuran testimonios de seis declarantes y colaboradores eficaces. Uno de ellos sería un oficial que admitió la entrega directa de 40 mil dólares a cambio de asegurar su ascenso al grado de general dentro de la institución policial.
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Si hasta el 15 de noviembre no hay una decisión en ambas cámaras (diputados - senadores), el caso se cierra sin que avancen las investigaciones no se llegue a juicio.
