La propuesta de transformar la gestión de la educación pública mediante el voucher –que publiqué como columna en El Comercio– ha generado muchos comentarios a favor y en contra, lo que me anima a elaborar esta réplica. Es positivo dialogar sobre diversas alternativas, pero conviene comenzar por definir el problema: según PISA, millones de estudiantes peruanos no adquieren las competencias básicas que necesitan para desenvolverse en la vida. ¿Por qué?
Refuerzo lo dicho antes: son dos las variables principales: liderar a los docentes y gestionar una infraestructura óptima. Esta segunda, la infraestructura, es indispensable, pero por sí sola no garantiza aprendizajes básicos. El centro de la discusión es lo primero: podemos tener aulas equipadas, bibliotecas y canchas deportivas, pero si el docente no está preparado, no cumple sus responsabilidades, no es puntual y carece de compromiso, todo el proceso educativo fracasa. La cuestión central es entonces cómo cambiar esto. Y lograr que cientos de miles de docentes trabajen eficazmente, con un director que sea capaz de reconocer sus méritos y sancionar el incumplimiento.
Existen casi 400.000 docentes en la educación básica pública, quienes trabajan, aproximadamente, en 55.000 colegios, impactando en casi 8 millones de estudiantes. ¿Cómo logramos asegurar la eficiencia con estos números masivos? Se podría decir: coloquemos cámaras en cada aula y con ello evaluamos el desempeño del docente bajo supervisión del director. Sabemos que es inviable. Pero el círculo seguiría viciado si el director no tiene herramientas para influir, premiando o sancionando, reconociendo o retirando profesores según desempeño, porque la ley no le otorga esa autoridad, seguimos en lo mismo.
Quienes conocemos la gestión organizacional en educación sabemos que construir una cultura de compromiso es una tarea muy difícil. ¿Cómo hacerlo sin un director con autoridad y una mayoría docente carente de excelencia profesional y que se opone a la evaluación meritocrática? No se trata de despedir a todos los docentes con bajo rendimiento. Es inviable. Lo que necesitamos es un sistema que permita atraer a los mejores profesionales, reconocer a los mejores como una premiación ejemplar y con ello generar incentivos para mejorar.
¿Qué papel cumple aquí el sistema de vouchers? No se trata de financiar colegios caros para sectores populares. Se trata de que el Estado subvencione la educación de las familias de menores recursos, permitiéndoles elegir entre instituciones autorizadas y supervisadas de su zona y con pensiones similares al costo del Estado (aproximadamente US$120), practicantes de la cultura organizacional que mencioné. Los colegios que demuestren calidad podrán atraer más alumnos y recursos; los padres tendrán alternativas y los directores, incentivos para mejorar. Y el Estado seguirá realizando la misma inversión que tiene con su actual administración directa de la educación pública.
Este modelo educativo busca dar un servicio de calidad estimulando la competencia entre colegios privados elegidos por los padres. Debe ser una política de implementación progresiva, y que en simultáneo compita con el modelo tradicional de gratuidad pública. Para ello, premiar con un bono al director del colegio público que incrementa su matrícula y al profesor cuyos alumnos obtienen mejores rendimientos en pruebas aleatorias de una UGEL resulta fundamental. Con esta posibilidad de premiar la calidad del director y docente público, lograremos el compromiso de los mejores profesionales de dicho sector incentivando la excelencia. Y si a ello sumamos permitir asociaciones público-privadas (APP) en la gestión, algo hoy no aceptado, el camino para la transformación se allana aún más. En este análisis resulta pertinente la reflexión de Raúl Benavides, publicada en El Comercio, sobre la necesidad de formar profesionales y no limitarse a admitir estudiantes. Aunque referida a la educación superior, plantea una cuestión fundamental: las instituciones deben responder por lo que sus alumnos aprenden.
El sistema de vouchers no es una solución mágica. Es una herramienta para incentivar la competencia por calidad, entre privados y entre público con privados. Transformar innovando la cultura y el modelo de la educación pública y privada. El Estado debe garantizar el derecho a la educación, financiarlo y supervisarlo; también las instituciones deben demostrar capacidad de rendición de cuentas y alcanzar resultados de calidad.
