La defensa legal del expresidente Humala y de su esposa demanda, como pretensión principal, que la instancia superior revoque dicha decisión de primera instancia y reformándola declare fundadas estas solicitudes de excepción de improcedencia de acción y se disponga el sobreseimiento o archivo del proceso penal seguido a sus defendidos por el delito de colusión agravada y como pretensión subsidiaria que se anule la decisión impugnada y se ordene que otro juzgado de investigación preparatoria emita un nuevo pronunciamiento respecto a estas excepciones.
Los abogados del exmandatario y de su esposa alegan una vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales por motivación aparente respecto al delito de colusión agravada que les atribuye la Fiscalía a sus patrocinados en este caso.
En tanto, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación para que se revoque el extremo de la resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala en la que dispuso el “sobreseimiento” o “archivo” del delito de colusión agravada en favor de los exministros Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla, Jorge Merino, Carlos Paredes y otras 10 personas al haber declarado “fundadas” las solicitudes de excepción de improcedencia de acción presentadas por sus abogados en este caso.
La Fiscalía alega que la decisión impugnada afecta el principio de legalidad penal, así como el principio de predictibilidad de la función judicial.
Ante ello, el juez Cristóbal Ayala resolvió ,el último 27 de agosto, “conceder” estos recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si los admite a trámite, deberá convocar una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
La Fiscal Geovana Morí, quien integró el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, solicitó 35 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.
La representante del Ministerio Público también solicitó penas de entre 9 y 35 años de prisión para otras 21 personas entre las que se encuentran los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo, Carlos Paredes y el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, a raíz de este proceso penal en el que además tres empresas se encuentran en condición de terceros civilmente responsables.