Seguridad ciudadana: sistema penitenciario y crimen organizado
En materia de seguridad ciudadana, el Ejecutivo podrá modificar las normas sobre control migratorio y nacionalización, así como los decretos legislativos N.º 1182, 1338 y 1688.
La delegación también comprende cambios en el marco normativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil. Asimismo, permitirá reformar el Sistema Penitenciario Nacional y modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Otro de los ámbitos incluidos es la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. También se contempla modificar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
En la lucha contra la delincuencia, la medida faculta al Gobierno a legislar sobre criminalidad organizada y mercados ilícitos, además de regular la libertad vigilada postpenitenciaria, así como para casos de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana.
La ley incluye, además, modificaciones a las reglas sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, la Ley contra el Crimen Organizado y el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal.
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El Niño: infraestructura, agricultura y vivienda
La delegación también comprende medidas para fortalecer la transferencia tecnológica, la innovación y la extensión agraria, así como la asistencia técnica, la mecanización y la tecnificación agrícola.
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En infraestructura, el Gobierno podrá aprobar o modificar disposiciones relacionadas con los proyectos de asociación público-privada, de modo que las partes puedan acordar que el inversionista asuma actividades vinculadas con la elaboración de estudios técnicos y la liberación de interferencias.
Asimismo, podrá establecer medidas de simplificación administrativa para ejecutar proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y modificar las reglas sobre adquisición, expropiación, saneamiento físico-legal y transferencia de predios necesarios para proyectos de inversión pública y público-privada.
La ley también contempla medidas para optimizar el uso de inmuebles estatales requeridos para obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, agilizar la liberación de interferencias y modificar el marco normativo que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
Cambios en bonos de vivienda y proyectos de interés social
La delegación de facultades incluye la posibilidad de establecer un régimen registral especial, simplificado y preferente para los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS).
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También se contempla modificar la ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias.
La norma delimita estas facultades a las materias expresamente señaladas y establece un plazo de 90 días calendario para su ejercicio, contado desde su entrada en vigor.
