Muchos han leído la aprobación de facultades en las materias de El Niño y seguridad como una derrota de la posición maximalista de Juntos por el Perú. Pero esa lectura es pobre. Se aprobaron solo 20 de las 66 facultades solicitadas, y en el caso de seguridad no se aprobaron temas clave como fortalecer el sistema de inteligencia y la DINI (para que pueda hacer inteligencia operativa), la participación temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios –lo que le iba a permitir, por ejemplo, concesionar el control externo de los penales para que no ingresen celulares ni chips–, ampliar y optimizar la intervención de las FF.AA. en apoyo de la PNP, declarar a las organizaciones criminales como terroristas –para que las Fuerzas Armadas puedan hacer operativos cuando reciben información de inteligencia–. Incluso se ha negado la facultad para mejorar la capacidad operativa policial mediante cambios sobre infraestructura, equipamiento, formación, salud policial, criminalística, inteligencia, interoperabilidad y actuación conjunta, algo inaudito.
Y, por supuesto, no se ha aprobado una sola delegación de facultades en formalización, reforma del Estado para tener mejores servicios y facilitación de la inversión privada en todos los sectores para crecer más rápidamente aprovechando los altos precios de los minerales.
Esto es sencillamente obstruccionismo. Pues desde la Constitución de 1979, que instituyó la delegación de facultades legislativas, todos los gobiernos, salvo el transitorio de Sagasti, solicitaron facultades y siempre las recibieron, la mayor parte de las veces sin tener mayoría en el Congreso. Incluso a los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, donde Fuerza Popular tenía mayoría absoluta o relativa en el Congreso, se les concedió el 92% y el 93%, respectivamente, según la inteligencia artificial. Más aún: esos presidentes no pidieron facultades para temas urgentes porque no existía el problema de inseguridad, sino para materias vinculadas a temas estructurales.
Delegar facultades se había convertido, entonces, en una buena práctica democrática, en una institución republicana. Hasta ahora. Una lectura es que los partidos de oposición desean el fracaso del gobierno para incrementar sus posibilidades el 2026, pues un gobierno exitoso de Keiko Fujimori dejaría poco espacio para opciones de izquierda en el futuro. El problema con eso es que el fracaso del gobierno entraña el fracaso del país. Pero eso aparentemente no les interesa.
Sin duda las declaraciones de Martha Chávez y Jacques Rodrich, sobre que el Senado aprobaría lo que Diputados desaprobara, fueron de una torpeza política mayúscula. Eso y las declaraciones de la presidenta sobre la pérdida de paciencia fueron el pretexto. Porque hasta el miércoles diputados de Fuerza Popular ya habían consensuado con Renovación Popular y con Obras un dictamen que concedía algo menos de 50 facultades. Pero al final, por orden del vocero de Obras, dieron marcha atrás.
Existe la esperanza de que el pleno sí pueda ver el mencionado dictamen en minoría. Pero se requiere una conferencia entre las comisiones de Constitución de los diputados y senadores para definir hasta dónde va la atribución del Senado de “modificar” lo que viene de Diputados. Eso hay que resolverlo ahora para no convertir a Diputados en un obstruccionista permanente.