El caso de un presunto fraude tributario de la revista H-13 ha elevado a nivel de debate un tema que suele flotar alrededor del ejercicio de la labor periodística. Ese tema es, sin duda, la supuesta impermeabilidad de los periodistas a ser escrutados por el poder o, eventualmente, por otros periodistas. Como profesionales vinculados a la libertad de expresión, se suele argumentar que cualquier acción del Estado orientado a un control y a una supervisión, constituye en sí misma un atentado a este aspecto clave, que es ciertamente un pilar de la democracia.
Pero esa intangibilidad es una falacia. Los periodistas, como cualquier ciudadano, debemos cumplir con el pago de tributos, poseer una licencia de funcionamiento si tenemos una empresa, pagar a nuestros empleados en los regímenes que correspondan, honrar nuestras deudas y ser escrupulosos, quizá más que los demás, en todo lo que concierne a nuestra actividad, que no es cualquier actividad porque es una que cuestiona, critica, discute y objeta a quienes transgreden la moral pública.
La moral pasa a ser, entonces, el punto de apoyo clave de un rol que es intrínsecamente fiscalizador. “Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra”, es una frase que se le atribuye al físico, matemático e inventor griego Arquímedes de Siracusa, en el siglo III. Pues el periodismo lo tiene y es innegociable, se llama integridad, y es un requisito para todos, pero más para quien se presenta como el símbolo de la decencia y se jacta de ser el excelso censor de los trangresores de la ética.
No sorprende que varios otros periodistas hayan reaccionado con una gran sensibilidad gremialista y salido a defender a César Hildebrandt, pero me pregunto si su indignación hubiese explotado con la misma magnitud si el presunto evasor, defraudador o lavador de activos hubiese sido Aldo Mariátegui.
