No hay una sola extorsión que combatir

En una de mis últimas clases de criminología, un alumno preguntó si requerimos una política homogénea contra la extorsión o si deberíamos considerar sus especificidades.Respondí con una analogía. El cáncer es una enfermedad, pero nadie trata igual un cáncer de piel que uno de páncreas. Cada uno tiene su forma de prevenirse, de detectarse y de atenderse. La intervención oncológica puede ser muy agresiva —cirugía, quimioterapia, radiación—, pero siempre la guía un diagnóstico preciso. Nadie opera a ciegas.Con la extorsión ocurre lo mismo. El libro Extorsión en áreas comerciales urbanas, que el Instituto de Criminología elaboró con el CAEN, distingue cinco clases y diecisiete subclases. Solo una es episódica: la llamada o el mensaje masivo que busca un pago único. Las otras cuatro son sistémicas: el cobro de cupos por «protección», la extorsión que busca monopolizar un mercado, la que opera en el ámbito laboral y la que se esconde detrás de préstamos usureros. Cada una tiene otros actores, otras víctimas y otras palancas.Con esa evidencia, sería un error pensar en una política homogénea. No se trata de renunciar a la mano dura. Se trata de que la dureza caiga donde produce resultados.En ese sentido, ¿qué necesitamos para empezar a combatir cada modalidad de extorsión de manera diferenciada?Primero, saber qué se combate. Hoy las denuncias se suman como si fueran un solo delito. Registrarlas por modalidad y medir la victimización en las unidades económicas, y no solo en los hogares, permitiría saber qué crece, dónde y contra quién. Sin ese dato, cualquier meta se fija a ciegas.Segundo, definir quién responde por cada modalidad. La llamada masiva desde un penal se enfrenta con control penitenciario. El cobro de cupos en un mercado se enfrenta en el territorio, con policía, serenazgo y comerciantes articulados. La usura extorsiva exige seguir el dinero, con inteligencia financiera y control de billeteras digitales. La extorsión en obras de construcción pasa por corregir los vacíos del registro sindical, una tarea del sector Trabajo y no del Interior. Tercero, medir el éxito según la modalidad. El mejor ejemplo es el tiempo de respuesta. Como lo venimos planteando desde el Instituto de Criminología, y como recoge un informe reciente del PNUD, es un asunto prioritario frente a la extorsión: cuando la llegada policial se estima en 60 minutos, frente a los 10 de los países de referencia, la indefensión crece y la autoridad criminal gana terreno. Llegar a tiempo es decisivo frente al cupo y la extorsión presencial, donde una alerta atendida a tiempo cambia el desenlace. Frente a la llamada masiva, en cambio, pesa más la velocidad para bloquear líneas y congelar cuentas. Cada modalidad necesita su propia métrica.Nada de esto es un lujo académico. La extorsión funciona como un impuesto criminal sobre la economía local: encarece el transporte, cierra bodegas, frena inversiones y empuja a los negocios hacia la informalidad. Sin seguridad no hay desarrollo, y sin diagnóstico no hay seguridad. La mano dura que el país reclama será eficaz cuando sepa con precisión qué extorsión está golpeando.