Los millones de soles que reciben las municipalidades no garantizan, por sí solos, que la población tenga mejores servicios. En Arequipa, Cerro Colorado, Yarabamba y La Joya figuran entre los distritos con importantes recursos vinculados a la actividad minera, pero el desafío es demostrar cuánto de ese dinero se convierte en obras que atiendan las necesidades de sus habitantes.
Cerro Colorado registra S/136,4 millones; Yarabamba, S/76,1 millones; y La Joya, S/66,5 millones. En conjunto, los montos superan los S/278 millones.
Estas cifras plantean una interrogante sobre las prioridades de inversión de los gobiernos locales: ¿los recursos se destinan a resolver problemas como la falta de agua potable, saneamiento y vías en buen estado, o se distribuyen en proyectos que no necesariamente atienden las necesidades más urgentes?
El problema no se limita a Arequipa. En otras regiones del país también hay municipios que reciben importantes ingresos por la explotación de minerales y gas.
San Marcos, en Áncash, registra alrededor de S/456,9 millones; Challhuahuacho, en Apurímac, supera los S/313 millones; mientras que Mariscal Nieto, en Moquegua, bordea los S/300,6 millones.
Pese a estos recursos, especialistas advierten que algunas municipalidades presentan dificultades para convertir sus ingresos en mejoras concretas para la población. Entre los problemas señalados figuran la falta de planificación, la dispersión del presupuesto en numerosos proyectos pequeños y la elección de obras que no siempre responden a las necesidades más urgentes.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, cuestionó que algunos gobiernos locales destinen millones de soles a plazas, estadios y losas deportivas mientras parte de sus habitantes todavía carece de agua potable durante las 24 horas del día.
El economista precisó que estos espacios también son necesarios para la población. El problema aparece cuando desplazan inversiones prioritarias, como los servicios básicos.
FALTA DE PERSONAL Y FISCALIZACIÓN
Henry Delgado Urrutia, docente universitario y exprocurador anticorrupción del Cusco, sostuvo que las nuevas autoridades deben administrar los recursos con eficiencia y transparencia para evitar irregularidades en el gasto público.
Entre las dificultades identificadas mencionó la falta de profesionales y técnicos capacitados para formular y ejecutar proyectos, así como las limitaciones en la fiscalización de las inversiones municipales.
Por ello, consideró necesario fortalecer el control concurrente de la Contraloría para detectar oportunamente posibles irregularidades durante la ejecución de las obras, en lugar de intervenir únicamente cuando los problemas ya se han producido.
Castilla también advirtió sobre los riesgos que pueden presentarse cuando las municipalidades ejecutan obras por administración directa, modalidad en la que la propia entidad asume la ejecución y contrata personal, maquinaria y otros recursos. Según el exministro, este mecanismo requiere controles adecuados para evitar irregularidades y posibles usos clientelares de la contratación.
