El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, respaldó este lunes el Decreto Legislativo N.º 1743, que introduce modificaciones al Código Penal para otorgar mayores garantías legales a las personas que recurran a la defensa propia, de sus familiares o de sus bienes frente a actos delictivos.
El titular de Justicia señaló que la norma establece que, en situaciones de violencia, se considerará racional el medio utilizado por la víctima para defenderse, tomando en cuenta las circunstancias y la perspectiva que tenía al momento de la agresión.
“Si yo me defiendo o defiendo a mi familia o defiendo mi hogar posiblemente con mi pistola autorizada por Sucamec; (me) defiendo en el paradero del ómnibus contra a un asaltante que viene con cuchillo, yo no puedo pensar en la proporcionalidad, el famoso principio de de proporcionalidad y pensar en que tengo que buscar un cuchillo para actuar en contra de alguien que es avezado y experto en manejar el cuchillo”, declaró a RPP.
Álvarez sostuvo que la disposición apunta a evitar que los ciudadanos que se defienden de actos delictivos afronten investigaciones penales innecesarias o extensas. Para ello, establece que el Ministerio Público deberá validar el archivo de las actuaciones cuando se cumplan los supuestos previstos por ley.
“Lo que hemos dicho es algo muy claro, La carga de la prueba está [...] a cargo del fiscal si las evidencias señalan de que ha habido un asalto o ha habido ladrones que han entrado a una casa [...] se presume que la persona que ha actuado lo ha hecho en legítima defensa, salvo prueba en contrario”, señaló.
El Poder Ejecutivo publicó este lunes en el diario oficial El Peruano dos decretos legislativos, emitidos en el marco de las facultades que el Congreso le delegó.
Las medidas contemplan cambios en el Código Penal relacionados con la legítima defensa y el incremento de las sanciones para delitos como extorsión, sicariato, secuestro y ciberdelincuencia. A estas disposiciones se suma un tercer decreto legislativo, publicado el domingo, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el perímetro de los establecimientos penitenciarios.
Respecto a las medidas contra el crimen organizado, el ministro Álvarez señaló que la normativa apunta a debilitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales vinculadas con delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Ernesto Álvarez precisó que la norma incorpora como cómplices necesarios a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir, retirar o blanquear el dinero obtenido mediante extorsiones. Según explicó, este soporte financiero y logístico es indispensable para que las organizaciones criminales mantengan sus operaciones.
En ese sentido, Álvarez indicó que las nuevas disposiciones también contemplan sanciones severas para los delitos informáticos. En ese sentido, explicó que los técnicos o hackers contratados por organizaciones criminales para vulnerar los sistemas de entidades bancarias o instituciones públicas, como el INPE, serán procesados como parte del delito principal.
El titular de Justicia detalló que estos delitos informáticos, que antes eran sancionados con penas de entre dos y tres años de prisión, ahora podrían recibir condenas de 15 a 25 años de cárcel.
