El Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que apunta a mejorar la iluminación pública impulsando las inversiones en tecnologías eficientes que puedan realizar las empresas concesionarias del servicio de distribución de electricidad a nivel nacional, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana.
Además, la norma -firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Energía y Minas Guillermo Shinno-, remarca la necesidad de impulsar inversiones en tecnologías eficientes, como luminarias LED, especialmente en zonas con alta criminalidad.
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Reconocerán costos adicionales
Para el efecto, el citado D.S. modificó la Ley de Concesiones Eléctricas, estableciendo que los proyectos de mejora de la iluminación vinculados a la seguridad ciudadana que se ejecuten entre los años 2026 y 2030, se van a financiar bajo un procedimiento específico de costos adicionales que aprobará posteriormente el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Actualmente, el procedimiento de cobranza del citado servicio determina que la facturación por el alumbrado público no debe exceder el 5% del monto total facturado por las concesiones de distribución eléctrica, tasa que varía de acuerdo con los niveles de consumo de sus usuarios finales.
La norma determina que el monto de los importes resultantes no podrá ser menor al 0.01% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor al 60% de una UIT.
Podría aumentar la facturación
Igualmente, el decreto establece un tratamiento aplicable a los ingresos provenientes de actividades distintas a la distribución de electricidad que se desarrollen utilizando la infraestructura eléctrica.
Así, dispone que, en plazo no mayor a 180 días calendario, se emitirá otro D.S. aprobando la condiciones para la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD) u otros componentes tarifarios respecto de los ingresos provenientes de actividades distintas a la distribución de electricidad que se desarrollen usando la infraestructura eléctrica.
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Compensación a distribuidoras
Inés Vásquez, experta en energía del Estudio Echecopar, quien analizó el dispositivo cuando fue planteado a nivel de proyecto, explicó a Gestión que el propósito del D.S. es que los distribuidores de electricidad puedan hacer inversiones adicionales en iluminación en parques, vías y espacios públicos identificados como críticos.
Por ejemplo, anotó, se busca modernizar el alumbrado público con tecnología LED entre otras, pero al mismo tiempo darle un nivel de certeza al concesionario, de que va a recibir una compensación por esas inversiones adicionales que realice.
En tal sentido, destacó que los proyectos de mejora de la iluminación que se realicen entre este año y el 2030 se vayan a financiar bajo un procedimiento específico de reconocimiento de costos adicionales, bajo norma que posteriormente va a aprobar el Minem.
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“Está pendiente que el Minem apruebe reglas adicionales, pero en principio, de momento no hay ninguna disposición que nos lleve a entender que esto va a generar un incremento de costos para el usuario regulado, o que (de darse) vaya a ser significativo”, anotó la experta.
En cualquier caso, remarcó que era necesario que el Minem aprobara este D.S., porque de la forma cómo Osinergmin regula el Valor Agregado de Distribución (VAD) “no hay ningún nivel de certeza de que las inversiones que realicen las distribuidoras -bajo los actuales parámetros- sean reconocidas posteriormente por el regulador, lo que genera una gran incertidumbre”.
¿Subirán tarifas de luz?
Sin embargo, para el experto en electricidad Rafael Laca, el D.S. ahora aprobado por el Minem, genera cuestionamientos por sus fundamentos técnicos, sus posibles efectos tarifarios y riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.
Considera que uno de los puntos más críticos para la seguridad jurídica radica en la falta de articulación con la Ley 31316, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, que obligan a incorporar criterios de intensidad, dirección y color de luz para mitigar impactos ambientales antes de noviembre del 2026.
Igualmente, consideró que el D.S. ahora aprobado admite que los gastos de implementación de nuevas inversiones para mejorar el alumbrado público se trasladarían gradualmente a los usuarios regulados, lo que podría elevar los costos de la energía sin un análisis de impacto regulatorio de esta medida.
Gestión consultó al Osinergmin para que informe si el Decreto Supremo N°019-2026-EM ahora aprobado tendrá impacto en las tarifas eléctricas para los usuarios regulados, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta.
