El primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, destacó la publicación de tres decretos legislativos orientados a reforzar la lucha contra el crimen organizado y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.
Las medidas contemplan la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de cárceles, la creación de un registro de organizaciones criminales que emplean prácticas terroristas y una reforma de la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Con los cambios que impulsamos, dotamos al Estado de capacidades reales para ganar la batalla contra el crimen: nueva infraestructura, inteligencia financiera y una gestión penitenciaria firme. Este Gobierno tiene claro su objetivo de atacar a las mafias desde diversos frentes para que pierdan su poder operativo y económico”, remarcó.
Una de las disposiciones es el Decreto Legislativo N.° 1745, que encarga al Ministerio de Defensa la formulación y ejecución de proyectos para construir y mejorar establecimientos penitenciarios. La medida busca aprovechar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para acelerar las obras y reducir el déficit de infraestructura carcelaria frente al hacinamiento.
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1746 establece el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), destinado a identificar y vigilar a las bandas criminales que recurren al uso de explosivos o armas contra personas, viviendas, medios de transporte o servicios públicos para generar temor y obtener beneficios ilícitos.
La norma contempla penas de entre 15 y 35 años de prisión para estas conductas. Asimismo, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a congelar inmediatamente las cuentas de los implicados y dispone la activación de alertas migratorias para impedir posibles fugas. La incorporación al registro puede producirse a propuesta de los sectores responsables de la seguridad y defensa nacional o por disposición de fiscalías y juzgados.
En tanto, el Decreto Legislativo N.° 1747 introduce cambios en la organización del INPE, con el propósito de fortalecer sus labores de seguridad, inteligencia penitenciaria y resocialización de internos.
Entre sus disposiciones figura la creación de un Tribunal Disciplinario autónomo, encargado de sancionar con mayor celeridad las irregularidades cometidas por el personal penitenciario. También se habilitan puestos directivos de confianza para reforzar la conducción institucional y orientar su gestión hacia resultados verificables en materia de reinserción social.
Medidas contra organizaciones criminales
Galarreta sostuvo que las nuevas disposiciones forman parte de las acciones que viene impulsando el Ejecutivo para combatir a las organizaciones criminales y recuperar la seguridad ciudadana.
“Las normas publicadas hoy refuerzan una ofensiva que ya da resultados concretos, como los golpes contra cabecillas criminales que ejecutamos en los últimos meses y el control militar alrededor de las cárceles. El Gobierno mantiene firme su compromiso de enfrentar el delito con decisión hasta recuperar la seguridad ciudadana”, sostuvo el titular de la PCM.


