El proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), contiene avances importantes que merecen ser reconocidos. Sin embargo, también presenta omisiones que podrían comprometer su eficacia. Una de las más preocupantes es la ausencia de un papel explícito para la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los aspectos positivos destaca la incorporación de organismos especializados en la fiscalización. El OEFA supervisaría los aspectos ambientales; el Osinergmin, la seguridad minera; la Sunafil, las obligaciones laborales; y el Ministerio del Interior, el control de explosivos. Es un avance frente a un sistema que durante años ha demostrado enormes debilidades para supervisar a miles de operadores. También resulta acertado que el proceso de consolidación minera sea temporal, excepcional y de acceso cerrado. La creación del Formape como organismo ejecutor podría concentrar los esfuerzos de formalización, mientras el Minem mantiene su función rectora.
Igualmente, positiva es la propuesta de promover la inclusión financiera mediante el Banco de la Nación. El objetivo debería ser eliminar las transacciones en efectivo en la comercialización de minerales y metales. La bancarización permitiría identificar el origen y destino de los recursos y dificultaría las operaciones ilegales. La ventanilla única y la casilla electrónica también constituyen herramientas necesarias para simplificar los procedimientos y garantizar una comunicación efectiva entre autoridades y operadores, asegurando que las notificaciones de la autoridad sean recibidas.
Pero surge una pregunta fundamental: ¿quién controlará los insumos químicos, el cumplimiento tributario y el lavado de dinero?
La Sunat debe tener un papel explícito en este régimen. Sustancias como el cianuro, el ácido sulfúrico y otros insumos peligrosos requieren controles rigurosos para evitar su desvío hacia operaciones ilegales. Lo mismo ocurre con el mercurio, cuyos efectos sobre la salud y el ambiente son devastadores.
La fiscalización tributaria tampoco puede quedar relegada. Formalizar una actividad económica significa cumplir con las obligaciones fiscales. No tendría sentido facilitar las operaciones mineras sin exigir que sus participantes declaren sus ingresos y paguen los impuestos correspondientes.
Más preocupante aún es el riesgo del lavado de activos. La UIF debe participar, dentro de sus competencias, en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con la comercialización de minerales, especialmente del oro. No basta con registrar a los compradores. Es indispensable que los compradores verifiquen la procedencia del mineral antes de adquirirlo, identificar a los participantes de la cadena comercial y exigir mecanismos efectivos de trazabilidad. De lo contrario, el sistema podría facilitar que minerales extraídos ilegalmente ingresen al mercado formal.
La formalización no puede limitarse a entregar autorizaciones o simplificar trámites. Debe garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias y comerciales.
El proyecto del Minem representa una oportunidad para ordenar una actividad que necesita reglas claras y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Pero sin fiscalización tributaria, control de insumos y prevención del lavado de activos, la reforma quedará incompleta. La Sunat y la UIF no pueden ser los grandes ausentes. De lo contrario, terminaremos formalizando papeles, pero no necesariamente operaciones mineras.
