Desde este Diario hemos cuestionado las llamadas reelecciones encubiertas, no por oponernos a la reelección municipal, sino porque consideramos que este mecanismo contradice la Constitución y las leyes electorales vigentes. Rafael López Aliaga no aceptó jurar el cargo de senador para el que fue electo el pasado mes de abril y sabiendo que no podía reelegirse como alcalde de Lima Metropolitana recurrió a otra jugada cuestionable para aparecer nuevamente como postulante al cargo de primer regidor.
Nada de esto, sin embargo, puede justificar el despropósito que ha cometido el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esta semana. Esta instancia anunció ahora, más de un mes después de las elecciones, que aquellos primeros regidores que hayan sido alcaldes en el período anterior no podrán recibir las credenciales para el mismo cargo.
Esta interpretación se caía de madura, pero debía hacerse antes de las elecciones, no después. El Comercio y otros medios de comunicación, políticos y varios ciudadanos en general pidieron más de una vez al JNE que se pronunciara en meses previos a las elecciones sobre la posibilidad, o no, de que alcaldes electos en el 2022 entraran por la puerta falsa: inicialmente como primeros regidores y luego como burgomaestres. Sin embargo, el JNE prefirió un inexplicable silencio sobre las reglas que debían regir el proceso que ellos supervisaban y no solo eso, sino que, además, permitió su presencia en el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana que esta misma entidad organizó, brindando la errada percepción a los electores de toda la ciudad de que su candidatura estaba habilitada.
Ahora el JNE ha logrado defraudar el voto de más de 1,5 millones de ciudadanos que legítimamente apostaron por López Aliaga para encabezar la alcaldía en octubre pasado. Asumiría el cargo la segunda regidora, Jeanette Alonzo. Si eso hubiera estado claro desde el inicio, es muy posible que los votantes hubieran reconsiderado la opción de RP. Ahora ya es tarde.
Se trata, pues, de un atropello histórico a la voluntad popular, y todo por una interpretación extemporánea de algo evidente. El exalcalde ha dicho que denunciará penalmente a Roberto Burneo, presidente del JNE. Mientras tanto, Burneo guarda un vergonzoso silencio. Es momento que dé la cara y explique las decisiones del pleno que encabeza.
Esta situación, sumada a la –también denunciada en estas páginas– inaceptable demora de la ONPE y a los problemas acontecidos en la jornada de elecciones generales del pasado 11 de abril son síntomas más que evidentes de alerta para que se lleve a cabo una reforma de nuestro sistema electoral que impida que situaciones como esta ocurran nuevamente.
