El gobierno ha obtenido del Congreso facultades para legislar. Algunos diputados cuestionan lo aprobado por el Senado. Sostienen que este se ha extralimitado.
En este debate interviene algo de vanidad legislativa. Hay algo de ideología y algo también de posición política.
Algunos diputados no quieren que el Senado modifique lo que ellos aprobaron. ¿Quién tiene el poder?
La Cámara Alta tiene la potestad de reducir, modificar o rechazar las materias aprobadas en Diputados. No puede, sin embargo, desnaturalizarlas.
Desnaturalizar es cambiar la naturaleza. Por ejemplo, si se trata de seguridad ciudadana, no se puede pasar, por ejemplo, a la legislación electoral.
El problema es que Diputados excluyó, dentro del tema aprobado, determinados temas relacionados a la participación de las Fuerzas Armadas. El Senado los repuso.
El gobierno está descaminado con respecto a la eficacia de estas medidas. Las Fuerzas Armadas en los exteriores de los penales, por dar el caso, no va a cambiar en nada la seguridad ciudadana. Eso, sin embargo, no tiene que ver.
El reglamento del Congreso no dice si el Senado puede reponer o no lo que Diputados excluyó. Este último puede insistir en su texto, pero requiere la mitad más uno de congresistas. Además, la Cámara Alta puede, después, hacer valer su posición.
La clave está en si el Senado desnaturalizó la materia aprobada en Diputados. No hay un fundamento legal que prohíba retomar temas excluidos en esa cámara. La condición: que no desnaturalicen la materia general aprobada.
Para cambiar esta correlación de poderes entre ambas cámaras se tendría que hacer una reforma constitucional. También se pueden modificar los reglamentos del Congreso y los de Diputados y el Senado. El senador Carlos Mesía plantea otra vía: un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La reforma constitucional que convirtió el Congreso en bicameral estuvo mal diseñada. Tendremos más de estos choques políticos. En esas crisis lo que queda es atenernos a la ley, nos guste o no.
Lo más triste de esta tragedia y de esta confrontación es que no conduce a nada. Las facultades otorgadas difícilmente conducirán a una legislación efectiva.
El gobierno no tiene un plan contra la inseguridad ciudadana. Habrá que vigilar, además, su opción de llevar a las Fuerzas Armadas al campo de la seguridad ciudadana.
Mucha gente quiere ver tropas y armas. El crimen, sin embargo, no es show y no parará solo porque formen los soldados en los penales.
