El futuro político de Venezuela empieza a definirse. El departamento de Estado de Estados Unidos reveló el lunes una hoja de ruta que llevará a elecciones presidenciales, no sin antes reformar las instituciones judiciales y electorales. El anuncio se produjo apenas un día después del regreso al país de la líder opositora María Corina Machado, tras casi un año en el extranjero.
La hoja de ruta forma parte de las negociaciones que desde agosto Estados Unidos impulsa entre el chavismo y la oposición encabezada por Dinorah Figuera.
Estos son los puntos clave de la hoja de ruta explicada a la prensa por un alto funcionario del departamento de Estado:
El chavismo y la oposición acordaron constituir una comisión integrada principalmente por juristas y académicos para seleccionar a 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los nombres deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional, que es presidida por el oficialista Jorge Rodríguez. Estados Unidos espera que el nuevo tribunal esté funcionando a mediados de diciembre de este año.
El departamento de Estado describió al TSJ como la institución más poderosa de Venezuela porque lo controla todo y ha sido un instrumento del régimen del depuesto Nicolás Maduro, quien tras ser derrocado por Estados Unidos el 3 de enero permanece encarcelado en Nueva York.
La siguiente etapa será renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y limitar sus atribuciones a funciones estrictamente técnicas: organizar las elecciones, contabilizar los sufragios y publicar los resultados. El organismo perdería la facultad de decidir qué partidos pueden participar y qué candidatos están habilitados para competir.
Un comité de expertos propondría a sus nuevos integrantes, sin necesidad de ratificación parlamentaria.
Una vez renovados el TSJ y el CNE, la presidenta interina Delcy Rodríguez tendrá que declarar la vacancia permanente de la Presidencia.
Según la interpretación constitucional expuesta por el funcionario del departamento de Estado, esa decisión activará un plazo de seis meses para celebrar elecciones presidenciales.
Dependiendo de la fecha en la que se declare la vacancia, las elecciones podrían realizarse en el año 2027.
El departamento de Estado sostuvo que también será necesario garantizar que los partidos puedan operar y hacer campaña, los candidatos desplazarse libremente y la oposición acceder a la prensa y las redes sociales sin temor a represalias.
Todavía está pendiente definir cómo se levantarán las inhabilitaciones existentes contra políticos opositores, incluida la de Machado.
Estados Unidos defiende la necesidad de negociar con las actuales autoridades venezolanas porque mantienen influencia sobre los organismos de seguridad. El funcionario del departamento de Estado sostuvo que las transiciones pacíficas requieren la cooperación de sectores del poder saliente y citó experiencias de España, Portugal y Paraguay.
La estrategia busca evitar una ruptura violenta y garantizar que el futuro gobierno pueda ejercer el poder.
El Departamento de Estado advirtió que un futuro gobierno elegido democráticamente podría fracasar rápidamente si hereda una economía devastada, una deuda elevada, apagones, escasez de combustible, inseguridad y unas fuerzas de seguridad que no respondan a sus órdenes.
El exdiputado opositor venezolano Ángel Medina consideró que la hoja de ruta avanza de manera progresiva y que el país está comenzando a ingresar en una tercera etapa, centrada en la renovación de las instituciones y la creación de condiciones para celebrar elecciones presidenciales en el 2027.
En diálogo con El Comercio, Medina remarcó que la estrategia estadounidense contempla tres fases sucesivas: estabilización política, recuperación económica y transición democrática. Cada una debe completarse antes de avanzar hacia la siguiente, lo que explica por qué Washington ha priorizado las reformas institucionales antes de convocar a las urnas.
Medina señaló que la primera etapa estuvo orientada a estabilizar Venezuela mediante la reducción de la persecución y la violencia política, la apertura de espacios para la libertad de expresión y la contención de factores que pudieran generar inestabilidad.
Posteriormente, el proceso avanzó hacia una segunda fase enfocada en la recuperación económica, particularmente mediante la reorganización de los sectores petrolero, energético, minero y de servicios.
Consideró que todas estas medidas buscan crear las condiciones necesarias para que la transición política no desemboque en una nueva crisis económica o institucional.
“Ahora siento que estamos comenzando la tercera etapa de esta ruta, que es la transición”, afirmó Medina.
Destacó la propuesta estadounidense de renovar el TSJ y construir un nuevo sistema electoral que incluya reglas claras para la participación de los partidos políticos, garantías para los candidatos, mecanismos confiables de totalización de votos y nuevas autoridades electorales.
Sostuvo que estos cambios serán fundamentales para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los resultados de futuras elecciones sean respetados.
“Estamos ahora en pleno proceso y lo que se espera es que en 2027 tengamos ya una nueva institucionalidad y garantías políticas para todos los actores”, sostuvo.
Pero más allá del calendario electoral, Medina advirtió que el éxito de la transición dependerá de la capacidad de los dirigentes venezolanos para transformar las prácticas políticas que han caracterizado al país durante las últimas décadas.
“Hoy Venezuela tiene una oportunidad, pero la clase política debe ver si aprovecha esa oportunidad o la desecha”, afirmó.
Sostuvo que la transición no debería limitarse a reemplazar a los actuales gobernantes por representantes de otros sectores políticos, sino que tendría que impulsar cambios profundos en el funcionamiento del Estado.
Consideró indispensable fortalecer la independencia judicial, garantizar el debido proceso, establecer reglas políticas que protejan por igual a todos los sectores, transparentar el manejo de los recursos públicos y descentralizar el poder.
Para Medina, estas reformas deben tener una perspectiva de largo plazo y no responder únicamente a las necesidades de quienes eventualmente ganen las próximas elecciones.
Para Mauricio Novoa, decano de Ciencias Humanas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cercanía entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump permite considerar que existe algún grado de coordinación política en el proceso de transición y su retorno a Venezuela.
Señaló que la intervención de Washington en la reorganización política venezolana no constituye una situación inédita. Recordó las experiencias de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos desempeñó un papel determinante en la reconstrucción de sus instituciones.
Explicó que la transición no necesariamente responderá a todas las expectativas de la oposición venezolana, especialmente porque el objetivo inmediato es garantizar la estabilidad del país.
“Las cosas a veces no se dan como la oposición quisiera, sino que se aplica el principio de la realidad”, afirmó a El Comercio.
Según Novoa, ese principio supone aceptar que parte de los funcionarios y estructuras vinculados al chavismo continúen desempeñando funciones durante el proceso.
“Tienes que estabilizar el país y esto implica que quienes han participado del gobierno chavista, muchos de ellos tengan que seguir en pie, porque de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas como uno quisiera”, explicó.
Consultado sobre si Machado debería impulsar nuevas movilizaciones callejeras o recorrer Venezuela para fortalecer a la oposición ante unas futuras elecciones, Novoa señaló que las experiencias históricas muestran que los movimientos opositores deben modificar sus prioridades cuando comienza una transición política.
Recordó que la oposición venezolana ha enfrentado encarcelamientos, persecuciones y exilios, una experiencia que inevitablemente influye en sus expectativas sobre el futuro político del país.
Sin embargo, advirtió que las transiciones suelen exigir acuerdos y concesiones que no necesariamente coinciden con las aspiraciones de quienes encabezaron la resistencia contra el régimen anterior.
Para ilustrarlo, volvió a mencionar el caso de Alemania tras la derrota del nazismo. Explicó que, pese a los procesos judiciales contra los principales responsables del régimen, numerosos funcionarios públicos, militares y jueces continuaron desempeñando sus labores durante la reconstrucción institucional.
“En este tipo de transiciones no hay cambios quirúrgicos. No se puede esperar que esto sea perfecto”, enfatizó.
Sostuvo que Machado tendrá que desenvolverse en un escenario político completamente distinto al que enfrentaba antes de la caída de Maduro.
Explicó que el motivo es que ahora existe una potencia mundial que actúa como garante del proceso, pero que también impone sus propias condiciones.
“Tienes además a una potencia mundial siendo una especie de garante de esta transición, con sus propios intereses, sus propias condiciones, sus propios criterios. [...] Es la real política, creo yo, en su forma más descarnada”, manifestó.
Novoa insistió en que la captura de Maduro modificó profundamente el escenario político venezolano y, con ello, las posibilidades de actuación de la oposición.
Ahora debe asumir que las prioridades de una transición no son necesariamente las mismas que las de una lucha contra un gobierno autoritario.
Sostuvo que los movimientos opositores suelen enfrentar dificultades para modificar sus agendas y aceptar las condiciones que surgen durante los procesos de transición.
Para Novoa, esta situación forma parte de las tensiones habituales que acompañan el paso de un régimen autoritario hacia un nuevo sistema político. “No hay transición perfecta en esto”, resumió.
El analista también advirtió que la celebración de elecciones presidenciales no garantizará, por sí sola, la consolidación de una democracia estable en Venezuela.
Consideró que un eventual gobierno opositor tendría que afrontar problemas estructurales acumulados durante décadas, cuyas consecuencias podrían prolongarse incluso después de la transición política. “Va a ser muy complicado”, respondió.
Novoa comparó la situación venezolana con los procesos políticos que siguieron a la desintegración de la Unión Soviética. Explicó que varios países experimentaron transiciones prolongadas, dificultades para consolidar sus instituciones democráticas y el retorno al poder de organizaciones vinculadas con los antiguos regímenes comunistas.
Indicó que uno de los principales problemas de Venezuela es que las consecuencias del chavismo no se limitan al funcionamiento del Estado o a la situación económica, sino que también han producido transformaciones profundas en la sociedad.
“A veces uno no es consciente del daño que causan este tipo de gobiernos, que empiezan en teoría como revoluciones salvadoras y tienen cicatrices y efectos profundos en las sociedades”, afirmó.
El analista señaló que esas transformaciones dificultarán la reconstrucción institucional y la consolidación democrática, independientemente de quién gane las próximas elecciones.
Finalmente, insistió en que la recuperación del país no será inmediata y que las experiencias de Europa del Este muestran que las consecuencias de décadas de autoritarismo pueden extenderse durante generaciones.
