No hizo falta un sismo ni un tsunami para que un pedazo de la Costa Verde colapsara, evidenciando la fragilidad de una de las principales vías de la capital. El tránsito por uno de los carriles vehiculares y por el puente peatonal construido en el 2015 a la altura de la playa La Pampilla, en el distrito de Miraflores, fue suspendido luego de que se produjera un forado y una grieta de 20 metros de largo a causa de la erosión marina.
Desde el municipio distrital aseguraron a El Comercio que el peligro había sido reportado a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desde febrero del 2023. La alerta fue reiterada en noviembre del mismo año, enero del 2024, mayo del 2025 y en el último mes de septiembre. La comuna miraflorina asegura, sin embargo, que hasta el cierre de este artículo no recibió respuesta a sus oficios.
Lo más alarmante de esto es que La Pampilla es apenas uno de los siete puntos críticos que ha identificado el municipio miraflorino en la franja costera. Tras un recorrido por la zona, El Comercio pudo comprobar que unos 50 metros de vía peatonal permanecen destruidos desde el 2023 a la altura de la playa Los Delfines, un escenario que se repite en la playa Tres Picos, con un colapso del malecón y los muros de contención a lo largo de casi 200 metros al borde del mar.
En el caso de La Pampilla, este Diario corroboró que los pilares sobre los que reposa la vía peatonal erigida durante la gestión de Luis Castañeda se encontraban seriamente afectados por la corrosión. En su momento, la MML fue multada por dicha obra y la Marina aseguró años más tarde no haber autorizado su ejecución por falta de sustento técnico.
El tercer carril construido junto a ella hoy pone en riesgo a unos 55 mil conductores al día, según estimaciones de la Municipalidad de Miraflores.
En total, los puntos detectados por la Municipalidad de Miraflores son: playa Los Delfines, playa Tres Picos (Punta Roquitas), playa La Pampilla I, playa La Pampilla II, playa Miraflores, playa Redondo II y playa La Estrella (ubicada frente al viaducto Armendáriz).
Pero el problema en la Costa Verde es mucho más profundo y se remonta a sus orígenes. El presidente de la Comisión Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, Luis Morán, explicó a El Comercio que “la estabilidad de cualquier infraestructura depende directamente de la capacidad portante y estabilidad del suelo sobre el cual se apoya”.
Desde su construcción, a finales de la década de 1960, la vía reposa sobre desmonte y material proveniente de las obras de la Vía Expresa de Paseo de la República. “Por abaratar costos solo se empleó un suelo que no tuvo las características adecuadas para soportar las cargas de servicio a las cuales se ve sometido. Y además, este material no fue adecuadamente compactado para que alcance la resistencia necesaria”, explica Morán.
El creciente tránsito vehicular sobre ella, sumado al embate de las olas causa el desmoronamiento progresivo del suelo, según el experto. Cabe resaltar, además, que los espolones cercanos a las zonas afectadas mostraban un serio deterioro que les impediría cumplir con su objetivo principal de reducir la energía del oleaje.
“Lo que queda como alternativa para salvar esas vías de la costa verde es mejorar el suelo sobre el cual se apoyan y luego darles una protección con losas de concreto en los taludes. Ninguna obra es eterna, pero sí puede durar lo que debe durar, con una adecuada construcción y mantenimiento”, asegura Morán.
DEFINIENDO RESPONSABLES
Los 4,2 kilómetros de vía que recorren la Costa Verde guardan diversas particularidades desde su concepción. Por un lado, atraviesa por seis distritos, es una vía metropolitana y, además, limita con la línea costera, cuya administración recae en la Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).
Durante años, estos factores han entorpecido la gestión y planificación integrada de la Costa Verde. El 11 de mayo de 1994 se buscó revertir estas trabas mediante la creación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV), un órgano metropolitano aún vigente cuyo objetivo expreso es el de “promover, ordenar y supervisar el desarrollo integral y sostenido de la Costa Verde”. Sin embargo, en el 2023, cuando fue notificada por la Municipalidad de Miraflores sobre la pérdida de más de 11 hectáreas de terreno por efecto de la erosión, no logró articular ninguna medida efectiva.
El Comercio intentó obtener algún descargo de la APCV sobre la situación actual de la franja litoral que supervisa, pero al cierre de este informe no atendieron dicha solicitud.
Por otro lado, desde el 2018 la DICAPI le otorgó mediante resolución directorial una autorización “exclusiva y excluyente” a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) por un plazo de 30 años para construir y mantener la infraestructura del malecón y la ciclovía en un área de más de 7,3 hectáreas. Este permiso fue otorgado con el fin de que la empresa metropolitana evite trabas burocráticas durante la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Malecón de la Costa Verde tramo San isidro – Chorrillos”.
EMAPE EN SILENCIO
Dicha obra, iniciada en el 2012, fue dividida en cinco tramos, según el registro de Infobras. Sin embargo, la mayoría de ellas han registrado problemas. Por ejemplo, la primera fase, correspondiente al tramo San Miguel - Magdalena, terminó en un laudo arbitral perdido por el Estado, sumado a cinco adicionales de obra y el hecho de no contar con una liquidación de cierre debidamente sustentada.
En el caso de Miraflores se destinaron inicialmente más de 28,2 millones de soles para el segundo tramo de la obra; y al quedar inconclusa, se fragmentó en tres “saldos de obra” que coinciden con las infraestructuras gravemente afectadas por la erosión. En el caso de La Pampilla, estaba contemplada una inyección de más de 5 millones de soles aprobada a fines del 2020; sin embargo, esta no se produjo debido a que el presupuesto asignado fue revertido sorpresivamente a las arcas de la MML, dejando el proyecto sin ejecutar.
El Comercio solicitó un descargo de Emape en reiteradas ocasiones, pero estas no fueron respondidas hasta el cierre de este informe. Una postura poco sorpresiva, ya que la empresa municipal tampoco fue capaz de proveer la información solicitada por la propia Contraloría General en dos inspecciones realizadas en 2025 y 2026.
En la primera oportunidad, argumentaron que la información “no estaba disponible” y que su personal era nuevo; mientras que en la segunda, se escudaron en la falta de conocimiento de los expedientes debido a que los funcionarios habían sido recientemente incorporados sin una “adecuada entrega de cargo”.
