A poco de cumplirse cuatro años del frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, la bancada de Juntos por el Perú busca que Pedro Castillo obtenga una amnistía. La agrupación presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea conceder este beneficio al vacado expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.
La iniciativa es de autoría de Catherin Palomino, vinculada a Castillo Terrones e investigada por la Comisión de Ética por haber solicitado a los trabajadores de su despacho que costearan tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.
La propuesta también cuenta con el respaldo de otros 29 diputados de Juntos por el Perú y 14 del Partido Cívico Obras. César Holguín, de Ahora Nación, figura entre los coautores.
¿De qué se trata?
La fórmula legislativa contempla dos tipos de amnistía: una por los hechos relacionados con el mensaje del 7 de diciembre del 2022 y otra por actos vinculados a las protestas sociales. El proyecto, sin embargo, excluye de este beneficio los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.
En el primer supuesto, la iniciativa comprende a todas las personas que hayan intervenido en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso que Castillo emitió el 7 de diciembre del 2022.
“La amnistía comprende a todas las personas que hayan intervenido en los hechos señalados en el artículo 4, en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”, indica el documento.
El segundo supuesto extiende la amnistía a los hechos ocurridos desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de naturaleza política y social desarrolladas en el país durante la crisis de ese periodo.
El proyecto también establece los efectos de la aplicación de este beneficio. Entre ellos, la extinción de la acción penal o de la pena, según corresponda, el archivo definitivo de los procesos y el levantamiento de las medidas de coerción personal y órdenes de captura. Así lo detalla:
“La resolución que aplica la amnistía declara extinguida la acción penal o la pena, según corresponda; dispone el archivo definitivo, el sobreseimiento o la conclusión de la ejecución; deja sin efecto los mandatos de detención, prisión preventiva, comparecencia con restricciones y demás medidas de coerción personal, así como las órdenes de ubicación y captura y las requisitorias nacionales e internacionales, dictados en razón de los hechos amnistiados”, reza el documento.
¿A quiénes podría alcanzar el beneficio?
El principal beneficiado sería Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.
Otra posible beneficiada sería Betssy Chávez, quien enfrenta la misma condena. A diferencia de Castillo, la exjefa del Gabinete se encuentra en México, adonde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.
En esa fecha, la presidenta afirmó: “Correspondía y por eso hemos actuado de esta manera que el Gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez”.
La eventual amnistía también podría alcanzar a Aníbal Torres, quien durante los hechos del 7 de diciembre del 2022 se desempeñaba como asesor 2 del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, y a Willy Huerta, entonces ministro del Interior.
Análisis
El constitucionalista Natale Amprimo consideró que la amnistía constituye una decisión de carácter político, pero advirtió que su eventual aprobación enviaría un mal mensaje a la ciudadanía. Como argumento, recordó que Castillo intentó cerrar las principales instituciones del sistema constitucional peruano.
“No nos olvidemos que Castillo pretendió cerrar el Tribunal Constitucional, la fiscalía y el Poder Judicial, además del Congreso, solo porque se le estaba investigando y porque habían declaraciones de exfuncionarios de su gobierno que daban cuenta de un comportamiento absolutamente no apegado al régimen jurídico y constitucional”, indicó.
Agregó que aprobar la iniciativa “sería la legalización de un estado de absoluta arbitrariedad en la cual quien está en el gobierno considera que no está obligado a respetar la Constitución”.
Para Amprimo, la propuesta de Juntos por el Perú responde a un fin político, pues considera que busca favorecer a personas implicadas en hechos ilícitos e inconstitucionales.
