La lucha contra la criminalidad organizada ha adoptado en América Latina formas muy distintas según el contexto de cada país, pero pocas han concitado tanta atención regional como la aplicada en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. Desde 2022, ese país sometió a sus principales estructuras delictivas a una ofensiva sostenida bajo estados de excepción que dejó más de 80 mil personas encarceladas y transformó de manera drástica los indicadores de violencia.
Ante ello, vale decir que El Salvador tiene la extensión del departamento de Ica y una población de menos de siete millones de habitantes, dos cifras que anticipan la fragilidad de cualquier intento de trasladar esa experiencia a una realidad distinta a la salvadoreña. A eso se suma que la fórmula misma acumula sus propios costos como la suspensión de garantías procesales fundamentales y dejó a centenares de personas detenidas de manera arbitraria, muchas de las cuales recién están siendo liberadas.
Con ese capital político en mano, Bukele forzó su reelección sobre una constitución que él mismo reinterpretó, y hoy gobierna un país donde la alternancia democrática ha quedado como una posibilidad, por decirlo menos, remota.
Ese balance fue presentado en el Perú, sin embargo, como un ejemplo a seguir por líderes de conocido discurso autoritario que apelaron durante años a lo que podría llamarse la bukelización de la política de seguridad, con la mano dura como atajo inevitable frente a la grave crisis.
La presidenta Keiko Fujimori viajó a El Salvador acompañada de cuatro ministros para consagrar esa tesis en terreno. Visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo y calificó el proceso salvadoreño como un modelo exitoso que el Perú debería adoptar. El viaje buscaba transformar en agenda de gobierno lo que hasta entonces había sido, para ese sector político, una referencia de campaña.
El mandatario salvadoreño, sin embargo, fue explícito al señalar que su sistema respondió a condiciones específicas y que copiarlo idéntico no tendría sentido. “La medicina no tiene que ser tan fuerte para una enfermedad más pequeña”, declaró ante la misma presidenta que lo había convertido en referente de campaña.
Esa saludable confesión clausura el mito con la autoridad que solo puede darle su propio autor, y abre al mismo tiempo una exigencia más incómoda: que las autoridades peruanas abandonen la retórica de efecto y asuman una hoja de ruta concreta contra la criminalidad, empezando por la derogación de las normas pro crimen aún vigentes y la reforma estructural de un aparato policial que lleva décadas esperándola.
