Las entidades públicas deben aceptar copias simples en reemplazo de documentos originales o copias legalizadas notarialmente, siempre que estén acompañadas de una declaración jurada sobre su autenticidad, recordó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), al precisar que exigir documentos legalizados en estos casos puede constituir una barrera burocrática ilegal.

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