Gutiérrez Ticse exhortó a los parlamentarios a encontrar salidas a través de coaliciones y consensos | Fuente: RPP
El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, se pronunció sobre las tensiones surgidas en el Legislativo a raíz del pedido de facultades del Gobierno y el retorno al modelo bicameral. Al respecto, precisó que el TC no puede dirimir una eventual disputa competencial entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores."No existe habilitación constitucional para que el Tribunal Constitucional intervenga en un eventual conflicto competencial entre las cámaras, porque las cámaras forman parte de una de un mismo órgano, que es el Poder Legislativo. Es como si el Ministerio de Justicia demandara al Ministerio del Interior, que es el Poder Ejecutivo", dijo en Las Cosas Como Son de RPP.Gutiérrez Ticse exhortó a los parlamentarios a encontrar salidas a través de coaliciones y consensos propios del debate político. Asimismo, mencionó que "la naturaleza de un Senado, dogmáticamente, es que es una cámara de enfriamiento de pasiones". En ese sentido, consideró que sería perjudicial para la institucionalidad del país que los senadores "pierdan su majestad" y decidan trasladar sus problemas de control político al fuero del TC en lugar de resolverlos internamente. Pronunciamiento sobre la 'Ley de Amnistía'En otro momento, el magistrado también se refirió a la polémica respecto de la ley vinculada a la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Tras confirmar que el debate de este caso no se realizará de forma pública por decisión mayoritaria del pleno del TC, anunció que la sentencia definitiva se emitirá en las próximas semanas.En cuanto a la actuación de los magistrados del Poder Judicial frente a esta norma, fue enfático al declarar que "el control difuso está habilitado hasta que finalmente el tribunal decida si es que valida o no valida la ley".Finalmente, Gutiérrez Ticse explicó las consecuencias jurídicas que traería un eventual fallo que respalde dicha legislación y sostuvo que si el máximo intérprete de la Carta Magna "valida la ley y la declara constitucional, entonces ya se agotó la jurisdicción interna".Bajo ese escenario, indicó que las personas o instituciones inconformes con la medida tendrían como único camino recurrir a la jurisdicción supranacional, interponiendo sus recursos ante entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.