La presidenta de la República, Keiko Fujimori, promulgó este jueves 22 de octubre la Ley N.º 32743, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante un plazo de 90 días calendario.
La norma comprende 27 materias relacionadas con la lucha contra la delincuencia y las acciones de prevención y respuesta ante el Fenómeno El Niño.
Las materias, que fueron aprobadas previamente por el Senado este miércoles, reúne 12 normas en seguridad ciudadana y 15 vinculadas con la prevención, atención, respuesta y reactivación frente al fenómeno climático.
Como se recuerda, la Cámara de Diputados había aprobado inicialmente 20 materias, a las que el Senado incorporó siete adicionales.
Seguridad ciudadana
En materia de seguridad ciudadana, queda establecido que el Ejecutivo podrá modificar normas sobre migración y nacionalidad, fortalecer mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos electrónicos para la comisión de delitos; normas sobre armas de fuego, municiones y explosivos, así como reformar el sistema penitenciario y modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
También podrá regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, modificar el régimen de responsabilidad penal de adolescentes y establecer la libertad vigilada postpenitenciaria para casos de sicariato, extorsión y organizaciones criminales.
La delegación incluye, además, medidas para combatir la delincuencia organizada y los mercados ilícitos; modificaciones a las reglas de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía; disposiciones sobre organizaciones criminales que empleen métodos de violencia similares a los del terrorismo; cambios en la regulación de la legítima defensa, y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Fenómeno El Niño
En cuanto al Fenómeno El Niño, la ley permite al Ejecutivo adoptar medidas para agilizar la entrega de ayuda humanitaria, simplificar procedimientos administrativos y avanzar en la digitalización de servicios públicos. Asimismo, contempla modificaciones en materia agraria, transferencia tecnológica, acceso a maquinaria agrícola y ejecución de proyectos de inversión pública y público-privada.
Las facultades también abarcan la simplificación de trámites para proyectos de infraestructura, la adquisición y saneamiento de predios, la liberación de interferencias en obras, la ampliación de Obras por Impuestos y disposiciones relacionadas con el agua potable, el saneamiento y la vivienda de interés social.
La norma establece que las medidas que se dicten deberán respetar los derechos fundamentales, la autonomía de los gobiernos regionales y locales, las competencias de los organismos constitucionales autónomos y los procesos judiciales en trámite. Asimismo, dispone que los titulares de los sectores correspondientes informen al Senado sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas.
