El Gobierno de Keiko Fujimori, mediante el Decreto Legislativo N.° 1743, modificó el Código Penal para presumir que quien defiende su integridad, la de terceros o sus bienes frente a una agresión actúa de manera racional. Es decir, desde un inicio se presumirá que actuó en legítima defensa.
Anteriormente, el ciudadano debía demostrar que su reacción ante un ataque fue proporcional. Sin embargo, la modificación asume ello y será el Ministerio Público quien deba demostrar lo contrario.
En ese sentido, otro de los cambios que introduce el decreto es que la racionalidad debe valorarse desde la perspectiva de quien tuvo que defenderse y según las circunstancias exactas al momento del ataque.
Por esto, se obliga a considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de actuar del atacante, los medios disponibles y los bienes protegidos.
Exigencia a los jueces y fiscales
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma, toda resolución que descarte la presunción de racionalidad deberá ser fundamentada bajo sanción de nulidad (aplicable incluso a casos en trámite). Antes de este decreto, los jueces podían desestimar la legítima defensa con argumentos generales.
A su vez, se obliga al fiscal a emitir un pronunciamiento definitivo y archivar de inmediato si se cumplen los requisitos que prueban que hubo legítima defensa. Esto a fin de extender investigaciones preliminares o formalizar denuncias pese a indicios de defensa propia.
“Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado”, se lee.
Financiamiento
De acuerdo con el documento, la implementación del decreto legislativo se financiará con cargo al presupuesto de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Reacciones
La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) indicó que, si bien aún no ha revisado a detalle el decreto legislativo, recordó que cuando se debatió lo presentado en el pedido de facultades se identificó que el mecanismo de legítima defensa en el país no protegía realmente a quienes tuvieran que usarlo frente a una situación de riesgo.
“Lo que siento es que al revés, mas bien se ha usado de forma distorsionada ese mecanismo de legítima defensa para avalar situaciones de impunidad sobre todo cuando se trata de población que no tiene capacidad para defenderse a la justicia”, declaró a la prensa.
Como ejemplo mencionó que se ha usado para cometer abusos, represión, facilitar violaciones a los derechos humanos.
“Sinceramente yo del actual gobierno creo que hemos escuchado muchos intentos de flexibilizar normas que protegen mas bien los derechos de los ciudadanos en desmedro de, por ejemplo, la actuación policial”, indicó.
Por su parte, el abogado Carlos Caro, consideró que “la presunción tendrá poca eficacia, porque el control judicial penal es ajeno a presunciones. Además, cubre la racionalidad del medio, no la agresión”, según escribió en sus redes sociales.
“Si no hubo un ataque actual, ilegítimo y real, o si ya había terminado, no hay nada que presumir, y sigue exigiéndose que no haya mediado provocación suficiente. Lo que sí puede cambiar la práctica es el archivo temprano, que ahorra años de proceso a quien se defendió. ¿Basta una presunción para proteger a quien se defiende?”, escribió.
En tanto, el abogado penalista Joel Córdova destacó en diálogo con La República que la modificación es pertinente porque “a veces quienes defendieron sus derechos o de terceros, suelen ser sometidos a largos procesos penales, afectándoles económica y socialmente, pasando de ser víctimas que se defendieron a ser tratados como criminales”.
Alertó que uno de los aspectos en contra es que “la Fiscalía olvide su labor de investigación y no logre diferenciar aquellos casos de legítima defensa de los que no lo son”.
Argumento de “legítima defensa” ha sido usado por policías y militares
Caso Colcabamba
Lo mencionado por la diputada Huilca tiene asidero en algunos casos en los que policías y militares han justificado sus actuaciones con el argumento de legítima defensa.
Este año, ocho miembros del Ejército fueron procesados por la muerte de cinco civiles ocurrida durante un operativo antidrogas en la zona del Vraem. La defensa legal de los militares aseguró que dispararon sus armas de reglamento en legítima defensa, alegando que los ocupantes de una camioneta se resistieron a la intervención y abrieron fuego primero. Sin embargo, no se encontró evidencias de que los ocupantes llevaran armas. En agosto la Sala Superior de Junín revocó los 12 meses de prisión preventiva señalando que existían evidencias que respaldaban la tesis de legítima defensa durante un enfrentamiento.
Protestas en Ayacucho
Durante las movilizaciones de finales de 2022, diez civiles fallecieron por impactos de fusiles Galil en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho. En el marco de las investigaciones fiscales contra los mandos y efectivos militares, las defensas legales y sectores políticos sostuvieron que los disparos fueron una reacción defensiva frente al intento de toma del terminal aéreo y ataques con objetos contundentes, aunque la Fiscalía los procesa por homicidio calificado al determinar que varios disparos alcanzaron a personas desarmadas que no representaban peligro letal.
Protestas del 2022–2023
En las investigaciones por las muertes ocurridas en Juliaca (18 civiles fallecidos) y otras zonas del sur, decenas de efectivos policiales investigados alegaron haber hecho uso de sus armas en defensa propia y de instalaciones públicas ante el ataque de manifestantes con huaracas, piedras y pirotécnicos.
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos cuestionó este argumento en múltiples expedientes tras hallar que las víctimas recibieron impactos de bala a larga distancia o sin estar atacando directamente a los agentes.
