LOS ÁNGELES.- Funcionarios electorales locales en todo el estado California han expresado su preocupación y frustración después de recibir cartas del Departamento de Justicia en las que se exige que los escrutadores de condado pongan en custodia las boletas que el gobierno federal cree que fueron enviadas a extranjeros no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de mandato.
Las cartas, que fueron enviadas el viernes, solicitan información sensible —incluidos números de Seguro Social— sobre aproximadamente 20.000 votantes. Los extranjeros no ciudadanos tienen prohibido registrarse para votar o emitir una boleta. El gobierno ha insistido en que el voto de inmigrantes es un problema importante en todo el país, cuando en realidad es bastante raro, como incluso lo han mostrado sus propias investigaciones.
“Todo esto simplemente pretende sembrar enormes dudas sobre la integridad de esta elección”, subrayó John Tuteur, el registrador de votantes del condado de Napa, en la región vinícola de California.
Tuteur y otros funcionarios electorales que hablaron el sábado con The Associated Press dijeron que ya han empezado a contar las boletas que han estado recibiendo de los 23 millones de votantes registrados en el estado.
“No vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Seguimos adelante con la elección”, afirmó.
El gobierno federal fijó un plazo de 48 horas para entregar la información y advirtió que podría emprender acciones legales contra cualquier funcionario que deliberadamente cuente el voto de extranjeros no ciudadanos.
Sin embargo, la oficina del fiscal general de California indicó que las cartas contenían errores. Por ejemplo, funcionarios del condado de Mendocino recibieron una lista de personas que no eran residentes del lugar, según un documento presentado ante el tribunal por el estado.
Las cartas son la más reciente escalada en una batalla legal entre California, de inmensa mayoría demócrata, y el Departamento de Justicia de cara a las elecciones legislativas. El gobierno federal presentó una demanda el pasado 15 de octubre en la que solicitó a un juez que le impida al estado contar boletas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como probablemente no ciudadanas. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito escuchará argumentos el domingo sobre si se puede obligar a California a cumplir las exigencias del gobierno federal.
Algunos dicen que seguirán contando boletas
Tuteur narró que dos agentes uniformados del Departamento de Seguridad Nacional entregaron una carta en su oficina la noche del viernes. La misiva incluía los nombres de 42 personas a las que, según el gobierno federal, se registraron ilegalmente como votantes debido a que no son ciudadanos. Hay alrededor de 86.000 personas registradas para votar entre los más de 130.000 habitantes del condado, indicó Tuteur. Aproximadamente 11.000 personas ya habían votado por vía postal hasta el viernes. En condados más grandes, como Los Ángeles, ya se contabilizaron más de 331.000 boletas por correo.
Añadió que sus empleados y sus familiares están preocupados por lo que pueda venir más adelante.
“Mi familia está inquieta, preocupada por lo que me pueda pasar”, expresó.
La carta enviada a la oficina de la secretaria y registradora Kim Grady, en el condado rural de Amador, mencionaba a cuatro persona que presuntamente estaban registradas ilegalmente para votar en el condado. Grady quedó a la espera de nueva orientación de las autoridades estatales sobre lo que debía hacer. No estaba segura de tener claridad antes del plazo.
El Departamento de Justicia amenaza con procesos legales
La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, subrayó el sábado en un comunicado que la agencia no solicita explícitamente una “depuración, cancelación de registros ni alguna otra acción programática”.
En su lugar, los funcionarios federales solicitan colaboración para “garantizar la elección más segura en la historia de California”, añadió Pels.
Las cartas del viernes llegaron menos de una semana después de que las autoridades realizaron un operativo en todo el estado en el que 28 de las 20.000 personas en una lista fueron acusadas de registrarse ilegalmente para votar. Algunas también fueron acusadas de votar ilegalmente y de mentir en documentos de naturalización. Esos cargos podrían resultar en varios años tras las rejas.
Bill Essayli, el principal fiscal federal en Los Ángeles, dijo que los secretarios que no cumplan con las exigencias del gobierno también podrían enfrentarse a un proceso penal.
“Las cartas hablan por sí mismas. Cualquier funcionario electoral que deliberadamente tramite la boleta de un no ciudadano se está exponiendo a problemas legales”, sostuvo Essayli en un comunicado.
El voto de extranjeros no ciudadanos es sumamente inusual. Por ejemplo, el secretario de Justicia Todd Blanche anunció a principios de este mes cargos federales contra 10 personas en Minnesota acusadas de votar ilegalmente en las últimas tres elecciones, un periodo en el que se emitieron más de 8 millones de papeletas en el estado.
Pero Essayli aseguró el lunes que incluso un pequeño número de votantes ilegales podría “diluir” el voto y socavar la confianza en las elecciones.
Preocupaciones sobre la precisión de los datos federales
Algunos funcionarios electorales que hablaron con The Associated Press han cuestionado la precisión de la lista del gobierno federal.
“Espero que esta acusación se venga abajo como vimos recientemente en Nevada”, declaró Kristin B. Connelly, secretaria y registradora de votantes del condado de Contra Costa, en referencia a las declaraciones que el presidente Donald Trump hizo en julio, cuando afirmó que ese estado tenía 1.500 votantes no ciudadanos en sus padrones. Después de que se le pidió a su gobierno que los identificara, el número de extranjeros no ciudadanos registrados para votar resultó ser de cero.
Funcionarios del condado de Los Ángeles, que figuran como demandados en la querella federal, han coincidido con las preocupaciones de Connelly sobre los datos del gobierno federal. Un análisis preliminar de 200 nombres de la lista estatal de 20.000 encontró que más del 40% había cancelado su registro, según un documento judicial presentado por funcionarios del condado el miércoles. Más del 70% de esa muestra no tenía historial de votación, y casi 4 de cada 10 habían nacido en Estados Unidos.
