La Corte Superior del Callao instaló ayer el juicio oral contra el ministro de Cultura (Mincul), Alberto Beingolea, por su presunta colusión con tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) para defraudar al Estado.
Según la tesis fiscal, cobró S/30 000 por servicios que realmente no prestó y para los que no estaba capacitado. Y no solo ello: los informes que debía entregar, como “asesor legal”, apenas tenían cinco páginas.
En detalle
La audiencia inició al promediar las 9:00 a.m. En sus alegatos de apertura, la fiscal Katherin Arpe detalló que Beingolea fue contratado para brindar asesoría legal, de enero a marzo del 2019, por S/10 000 por mes.
Añadió que Óscar Romero, entonces gerente general, solicitó la contratación, firmó los Términos de Referencia (TDR) y dispuso los primeros pagos. Mientras que su sucesor, Carlos Palacios –de quien se ordenó su captura, tras no acudir al juicio–, hizo lo propio en marzo y José Izquierdo, hoy en prisión por otro caso, suscribió la orden de servicio como jefe de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Arpe pedía una pena inicial de diez años para Beingolea, sin embargo, la redujo a ocho tras un cambio jurisprudencial sobre el delito de colusión. Esto a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (caso Félix Moreno) de enero último.
Tras ello, pidió ocho años de prisión para Beingolea y Romero, y 7 años para Izquierdo. En tanto, se reservó la acusación para Palacios, de quien se ordenó su captura tras no asistir al juicio. Todos enfrentan una inhabilitación de siete años.
Señalamientos
La fiscal enumeró una serie de “irregularidades” ocurridas antes y después de la contratación de Beingolea. Precisó que, según los Términos de Referencia (TDR), se exigía al locador el título de abogado, estudios de maestría o doctorado y más de diez años de experiencia; condiciones que no acreditó el actual ministro.
Añadió que este debía asesorar en gestión pública y en proyectos de norma del Consejo Regional, absolver consultas jurídicas, capacitar al personal, entregar tres informes de avance y acudir cuatro veces por semana, con dos horas como mínimo por día, al GORE Callao.
En esa línea, sostuvo que los informes de Beingolea fueron escuetos y recogían, en gran medida, transcripciones. Agregó que el GORE Callao confirmó que, en el periodo contratante, no se tramitó ni publicó ningún proyecto de norma regional.
“El primer informe es del 10 de febrero y lo dirige (Beingolea) al gerente general. Sin embargo, en este juzgamiento, vamos a ver el contenido de estos tres informes que no cuentan con más de cinco páginas. Y donde el primero de ellos, transcribe algunos artículos que obran en la Ley de Gobiernos Regionales e invoca algunos delitos que obran también en el Código Penal”, puntualizó.
Además, los consejeros regionales negaron una supuesta conferencia desarrollada el 29 de marzo alegada por la defensa. Y, en esa línea, destacó que el registro de visitas evidenció una asistencia intermitente de Beingolea: tres veces en enero, dos en febrero y cinco en marzo.
