La decisión fiscal establece que no existen elementos de convicción que acrediten un desbalance, no justificado, en el patrimonio de la exmandataria entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre del 2024.
La medida fue adoptada al determinarse que existe una trazabilidad adecuada entre los ingresos y egresos de la exjefa del Estado en dicho periodo, la ausencia de depósitos de origen y/o procedencia desconocida, que los ingresos percibidos correspondieron a rentas de trabajo desempeñadas en la condición de funcionaria pública durante el periodo de investigación estrictamente relacionadas con las declaraciones del impuesto a la renta anual de persona natural ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y por la ausencia de un abuso del cargo que afirme un nexo de causalidad entre la función ostentada y el resultado patrimonial arribado tanto en el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, emitido por los peritos del Ministerio Público como durante la evidencia probatoria obtenida en la investigación.
Esta información fue dada a conocer a través de las redes sociales de Juan Carlos Portugal, integrante del equipo legal a cargo de la defensa de la expresidenta Dina Boluarte, quien sostuvo que esta decisión fiscal ratifica la probidad funcional y solvencia moral con la que su patrocinada actuó durante su mandato presidencial.
La Fiscalía de la Nación inició esta investigación preliminar en mayo del 2024 a la exmandataria por presuntamente haber incrementado ilícitamente su patrimonio hasta por la suma de 432 932.25 soles, haber registrado depósitos de origen desconocido en sus cuentas bancarias y haber omitido consignar información en su declaración jurada de ingresos, de bienes y de rentas.