Municipalidad de Lima informó sobre acciones judiciales nacionales e internacionales frente a Rutas de Lima
La comuna capitalina informó que su Procuraduría sustentó ante una corte de Estados Unidos la nulidad del laudo arbitral con Rutas de Lima y anunció que interpondrá una acción de amparo contra el reconocimiento del laudo en el ámbito nacional.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó sobre las acciones judiciales desarrolladas en el ámbito internacional y nacional en defensa de los intereses de la ciudadanía frente al caso Rutas de Lima.A través de un comunicado, la comuna capitalina indicó que, en el ámbito internacional, la Procuraduría Pública de la entidad, junto con el estudio jurídico que la representa, participó en una audiencia ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington D. C., con el objetivo de sustentar la nulidad del laudo arbitral entre Rutas de Lima S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La causa quedó pendiente de resolución.La Municipalidad señaló que esta acción se sustenta, entre otros aspectos, en los cuestionamientos a la actuación del estudio contratado durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, debido "a la deficiente y presuntamente coludida defensa ejercida en estos procesos".En el ámbito nacional, la comuna informó que tomó conocimiento de la Resolución n.° 13, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitida por la Primera Sala Comercial de Lima, mediante la cual se dispone el reconocimiento del laudo arbitral del 11 de mayo de 2020 entre Rutas de Lima S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima."La MML rechaza este pronunciamiento al considerar que carece de una debida motivación y contraviene principios constitucionales. Por ello, nuestra Procuraduría Pública interpondrá, dentro del plazo correspondiente, una acción de amparo para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos a quienes representamos", se lee en el comunicado.Finalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima afirmó que continuará defendiendo los intereses de la ciudadanía tanto en el ámbito nacional como internacional, respetando el ordenamiento jurídico y agotando las instancias pertinentes para hacer valer los principios constitucionales, en el marco "de la lucha contra la corrupción y la protección de la población".
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