Las polémicas arbitrales que marcaron la Liga 1 2026 llegaron a una instancia fuera de las canchas. El Ministerio Público decidió intervenir ante los constantes cuestionamientos por las decisiones de los jueces y el funcionamiento del VAR durante el campeonato. A poco de definirse al ganador del Torneo Clausura, la Fiscalía abrió un procedimiento preventivo que involucra a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).
La medida fue adoptada por la 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima, que abrió la Carpeta Fiscal N.º 351-2026. Mediante esta disposición, solicitó a ambos organismos implementar acciones para fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del videoarbitraje en los partidos correspondientes a la temporada 2026.
Asimismo, la CONAR ya fue notificada formalmente y deberá adoptar las medidas correspondientes dentro de sus competencias.
¿Por qué intervino la Fiscalía en la Liga 1 2026?
El procedimiento preventivo se inició a partir de una denuncia presentada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la Federación Peruana de Fútbol.
En sus escritos, el exdirectivo cuestionó las actuaciones de los árbitros Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva, quienes estuvieron involucrados en diferentes controversias durante el desarrollo del campeonato.
A partir de esta presentación, el Ministerio Público dispuso acciones preventivas dirigidas a la FPF y la CONAR, con el propósito de reforzar los mecanismos institucionales de control y evaluación de las actuaciones arbitrales.
Uno de los aspectos más importantes de la disposición fiscal está relacionado con la transparencia de las decisiones arbitrales, especialmente aquellas que generan controversia durante los encuentros de la Liga 1.
En ese sentido, se solicitó fortalecer los mecanismos de información para que las actuaciones cuestionadas puedan ser esclarecidas mediante canales institucionales.
El pedido también alcanza a las intervenciones del VAR, cuyos criterios de revisión deberían contar con mayores mecanismos de transparencia para que los protagonistas del campeonato puedan conocer los fundamentos de las decisiones.
Otro punto relevante está relacionado con los audios de las conversaciones entre los árbitros de campo y los operadores del videoarbitraje.
La disposición apunta a garantizar la conservación y difusión de la totalidad de estos registros en las jugadas que hayan generado controversia. De esta manera, se busca que clubes, futbolistas, hinchas y medios de comunicación puedan conocer cómo se desarrollaron las comunicaciones durante las revisiones y cuáles fueron los criterios considerados para resolver cada acción.
Fiscalía advierte posibles disturbios por las polémicas arbitrales
La intervención del Ministerio Público también contempla un aspecto relacionado con la seguridad en los estadios.
La Fiscalía advirtió que el descontento de los hinchas frente a determinadas decisiones arbitrales podría desencadenar situaciones de violencia dentro o fuera de los escenarios deportivos.
Ante este escenario, consideró que existe un riesgo de posibles disturbios durante los encuentros que restan del campeonato, por lo que decidió actuar preventivamente para evitar incidentes que puedan afectar la tranquilidad pública.
Por otro lado, es importante precisar que la intervención del Ministerio Público no representa una declaración de culpabilidad contra los árbitros mencionados ni significa que se haya determinado la existencia de corrupción en el arbitraje peruano.
Se trata de un procedimiento preventivo orientado a evitar posibles delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, además de promover mejores mecanismos de supervisión, evaluación y transparencia en el fútbol nacional.
Por tanto, la actuación fiscal busca que la FPF y la CONAR fortalezcan sus procedimientos institucionales ante los cuestionamientos que se han presentado durante la Liga 1 2026.
