El fallecimiento del magistrado Alvin K. Hellerstein obligará a reasignar el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos, en el que estaban pendientes decisiones sobre la inmunidad del mandatario venezolano y otras cuestiones planteadas por la defensa.
El juez federal murió este miércoles a los 92 años, según confirmó Ed Friedland, director ejecutivo del Distrito Sur de Nueva York.
Hellerstein, nombrado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, presidía el caso contra Maduro por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Según Friedland, tanto este proceso como los demás que estaban a cargo del magistrado serán asignados aleatoriamente a otro juez federal.
La muerte del juez ocurre mientras el expediente contra Maduro y su esposa continúa su curso en un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia, después de su captura y traslado a Estados Unidos en enero de 2026. Posteriormente, una acusación ampliada incorporó formalmente a Flores y mantuvo los cargos contra Maduro.
Antes de fallecer, Hellerstein tenía pendiente resolver, entre otros asuntos, el argumento de la defensa sobre la inmunidad de Maduro como jefe de Estado extranjero.
Casi tres décadas en la judicatura federal
Nacido en el Bronx, Nueva York, el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Universidad de Columbia y sirvió en el cuerpo jurídico militar estadounidense entre 1957 y 1960. Posteriormente, trabajó durante casi cuatro décadas en el bufete Stroock & Stroock & Lavan LLP, donde se especializó en disputas comerciales, antes de ser nombrado juez federal en Manhattan.
Desde 2011 tenía la condición de juez sénior, una figura que le permitía continuar atendiendo determinados casos con una carga de trabajo reducida.
A lo largo de su trayectoria, estuvo al frente de litigios de alto perfil, entre ellos las demandas civiles derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que involucraron a aerolíneas y a la ciudad de Nueva York. En 2010 rechazó por insuficiente un acuerdo de compensación para rescatistas y trabajadores de limpieza de la Zona Cero; posteriormente, aprobó un acuerdo de 712,5 millones de dólares.
También intervino en litigios relacionados con el trato de detenidos por parte de la CIA y con abusos cometidos en prisiones estadounidenses en Irak y Afganistán. En 2015 ordenó al Gobierno de Estados Unidos divulgar un conjunto de fotografías que documentaban abusos contra detenidos en esos países.
