La extorsión y el sicariato continúan golpeando al transporte público formal en Lima y Callao. En lo que va de 2026, los ataques vinculados al cobro de cupos han dejado más de 80 conductores asesinados y superan los 160 atentados, según los registros del Ministerio Público. La violencia criminal no solo amenaza la vida de los trabajadores del sector, sino que también pone en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad de miles de pasajeros que utilizan diariamente estas rutas.
El impacto de las organizaciones criminales alcanza directamente a 21 empresas de transporte formal, de las más de 250 que operan en la capital. A ello se suman más de 13.000 denuncias relacionadas con delitos de robo, extorsión y sicariato registradas en la jurisdicción, una cifra que evidencia la magnitud de la inseguridad que enfrenta la ciudad.
Ante este escenario, especialistas advierten que el próximo alcalde de Lima deberá asumir un papel activo en la lucha contra el crimen organizado, mediante una estrategia coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP). La respuesta municipal, sostienen, no debe limitarse al patrullaje, sino que requiere inversión en tecnología, infraestructura y recursos logísticos para reforzar la vigilancia en los principales corredores de transporte.
Cámaras con inteligencia artificial y drones contra el crimen
Entre las principales propuestas para enfrentar la inseguridad en el transporte figura la implementación de una red de cámaras de videovigilancia interconectadas, equipadas con sistemas de inteligencia artificial. Estas herramientas permitirían mejorar el monitoreo de las vías, identificar situaciones sospechosas y facilitar una respuesta más rápida ante posibles ataques contra conductores y unidades de transporte público.
A esta estrategia se sumaría el despliegue de drones para ampliar la vigilancia en zonas de mayor incidencia delictiva. Los especialistas consideran que la tecnología debe convertirse en un soporte para las labores de inteligencia y prevención, especialmente en aquellos sectores donde las organizaciones criminales mantienen amenazados a transportistas y empresas.
Sin embargo, estas medidas requieren presupuesto y capacidad operativa. La próxima gestión municipal deberá priorizar la adquisición de equipamiento, fortalecer la infraestructura de vigilancia y facilitar recursos logísticos para respaldar el trabajo policial. El objetivo es que las herramientas tecnológicas no se conviertan únicamente en sistemas de registro de los delitos, sino que contribuyan a prevenirlos y permitan una intervención oportuna.
Asimismo, se plantea reforzar el trabajo conjunto entre la PNP y el Serenazgo, con funciones y competencias claramente delimitadas. Esta coordinación permitiría ampliar la cobertura de vigilancia en los puntos críticos de Lima y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en las rutas de transporte.
PUEDES VER: PNP investiga a policías que habrían recibido dinero durante actividad política en San Juan de Miraflores
Próximo alcalde de Lima deberá asumir liderazgo en seguridad
La crisis de extorsiones contra transportistas también plantea un desafío político para la próxima autoridad municipal. Los especialistas consideran que la lucha contra el crimen organizado requiere decisiones firmes y una estrategia sostenida que articule los recursos de la municipalidad con las capacidades operativas de la Policía.
En ese sentido, recuperar el principio de autoridad y el control territorial de las vías urbanas constituye una de las principales demandas del sector. Las empresas de transporte formal necesitan condiciones que les permitan operar sin amenazas, cobros de cupos ni ataques armados que ponen en peligro tanto a sus trabajadores como a los pasajeros.
La implementación de tecnología, el fortalecimiento de la infraestructura de vigilancia y el patrullaje coordinado serán parte de los desafíos de la próxima administración de Lima. No obstante, el resultado dependerá de que estas medidas se traduzcan en acciones permanentes y no queden reducidas a anuncios durante la campaña electoral.
Con más de 80 conductores asesinados y 160 atentados reportados en lo que va del año, la extorsión al transporte público se perfila como uno de los principales problemas que deberá enfrentar el próximo gobierno municipal.