Un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fue arrestado y acusado de participar en un supuesto esquema para vender beneficios migratorios, entre ellos permisos relacionados con la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense. Lukman Owolabi Ganiyu fue detenido el 2 de septiembre y enfrenta acusaciones derivadas de una investigación federal.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el presunto esquema habría funcionado durante varios años, entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. La acusación sostiene que Ganiyu habría utilizado su posición dentro de USCIS para aprobar o acelerar solicitudes migratorias a cambio de dinero, mientras evitaba distintos controles exigidos por las autoridades federales.
Entre los trámites que presuntamente fueron manipulados se encuentran solicitudes mediante el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente legal, conocida como green card. También aparecen casos relacionados con patrocinio familiar, eliminación de condiciones de residencia y procesos de naturalización.
¿Cuánto dinero habría recibido?
La investigación señala que Ganiyu y su supuesto cómplice, Adeniyi Akeem Somoye, habrían mantenido extensas conversaciones por WhatsApp para coordinar las operaciones. Ambos fueron arrestados el mismo día y, de acuerdo con los fiscales, habrían recibido cientos de miles de dólares de personas que buscaban obtener beneficios migratorios.
Una declaración jurada obtenida por Newsweek identifica aproximadamente $287,830 en depósitos de efectivo considerados inexplicados en las cuentas de Ganiyu, además de unos $671,438 en pagos directos mediante Zelle, Cash App y otras plataformas. Parte de esas transferencias estaría relacionada con solicitantes que tenían trámites ante USCIS.
El documento también señala que Ganiyu recibió alrededor de $407,838 en salario entre 2020 y 2025 mientras trabajaba para la agencia y que no declaró otro empleo durante ese periodo.
Los investigadores comenzaron a revisar sus actividades después de recibir, en mayo de 2025, una denuncia sobre la manera en que estaba seleccionando y procesando determinadas solicitudes.
Un trámite de ciudadanía quedó bajo investigación
Ganiyu ingresó a USCIS en noviembre de 2018 y trabajó en oficinas de Kansas, Texas y Carolina del Norte. En abril de 2024 fue ascendido al cargo de Senior Immigration Services Officer en Dallas, posición desde la que, según la declaración jurada, habría tenido acceso a procesos que posteriormente fueron cuestionados por los investigadores.
Uno de los casos mencionados involucra al propio Somoye. La declaración jurada sostiene que Ganiyu se asignó a sí mismo la solicitud de naturalización de su presunto cómplice y la aprobó el mismo día, en diciembre de 2022.
Posteriormente, los investigadores identificaron transferencias de aproximadamente $138,392 de Somoye a Ganiyu entre mayo de 2023 y enero de 2026, además de otros $21,900 provenientes de una empresa administrada por Somoye.
Los investigadores también alegan que el exfuncionario evitó entrevistas obligatorias, controles de supervisión, restricciones de jurisdicción, verificaciones de antecedentes y otros procedimientos habituales de USCIS.
Según los fiscales, esto habría permitido acelerar decisiones migratorias para personas que, en algunos casos, no cumplían con los requisitos establecidos por la ley federal.
¿Qué dijo el acusado y qué podría pasar ahora?
El abogado de Ganiyu, Alfonso Cabanas, dijo al medio citado que su cliente “niega cualquier conducta delictiva” y cuestiona la interpretación que hizo el gobierno de las transacciones financieras y de las solicitudes migratorias mencionadas en la denuncia. La defensa sostiene que las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
El fiscal federal Ryan Raybould calificó el supuesto esquema como una grave violación de la confianza pública.
“Vender beneficios migratorios por dinero en efectivo es un abuso flagrante de la confianza pública. Cuando un funcionario federal pone precio a un estatus legal, intervenimos de inmediato. La corrupción pública nunca será tolerada en el Distrito Norte de Texas”, afirmó.
USCIS también se pronunció sobre el caso y aseguró: “No hay lugar en esta agencia para la corrupción, el abuso de autoridad o las violaciones de la confianza pública”.
La investigación fue realizada por la Oficina de Investigaciones de USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la oficina del FBI en Dallas.
Ganiyu renunció a USCIS el 21 de marzo de 2026 alegando “motivos personales”. Los fiscales pidieron que permaneciera detenido hasta el juicio debido, entre otros factores, a su doble ciudadanía estadounidense y nigeriana, sus viajes internacionales, cuentas bancarias en el extranjero y propiedades en Nigeria.
No obstante, un juez magistrado ordenó su liberación bajo determinadas condiciones, entre ellas restricciones de viaje, monitoreo mediante GPS y la entrega de sus pasaportes.
Su abogado aseguró que cumplirá todas las condiciones y que la defensa impugnará las acusaciones durante el proceso. Si Ganiyu y Somoye son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta $250,000.