El Gobierno declaró en estado de emergencia cinco establecimientos penitenciarios del país como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión.
La disposición alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario. Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Cabe precisar que estas intervenciones están delimitadas al perímetro exterior de cada establecimiento penitenciario, en un radio de hasta 200 metros.
Acciones
Como consecuencia de la declaratoria, quedan temporalmente suspendidos determinados derechos constitucionales dentro del área establecida. Entre ellos figuran la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal.
Además, los agentes realizarán controles en los puntos de acceso y desarrollarán labores de inteligencia orientadas a detectar posibles amenazas y prevenir eventuales fugas.
El despliegue contempla, además, operativos permanentes para identificar y retirar objetos prohibidos. En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las autoridades buscarán decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas que puedan ser utilizados para facilitar actividades ilícitas.
Objetivo
Según el Ejecutivo, los cinco establecimientos seleccionados concentran cerca del 50% de los internos vinculados con organizaciones criminales. La medida apunta a impedir que estas estructuras delictivas continúen utilizando los recintos penitenciarios como puntos para coordinar actividades hacia el exterior.
Antecedentes de los penales
Los cinco establecimientos penitenciarios seleccionados registran distintos antecedentes relacionados con el hallazgo de objetos prohibidos y presuntas actividades ilícitas. Estos hechos fueron reportados por las autoridades penitenciarias en los últimos meses.
En primer lugar, en enero de 2026 se llevó a cabo una requisa en el penal de Challapalca que permitió hallar un celular, un cargador y un router ocultos, además de cigarrillos. El propio INPE señaló entonces que el operativo formaba parte de sus acciones para neutralizar extorsiones y otras actividades ilícitas. Posteriormente, el 31 de marzo, una requisa extraordinaria encabezada por autoridades del INPE y el Ministerio de Justicia permitió hallar otros dos celulares y manuscritos en los pabellones del penal.
En segundo lugar, el 12 de marzo de 2026, el INPE informó sobre el hallazgo de celulares, chips, cables, cargadores, seis puntas metálicas y un cuchillo ocultos en un baño del penal de Cochamarca. El 21 de mayo, tras recibir información de inteligencia penitenciaria, agentes excavaron detrás del área de cocina y encontraron una caja camuflada y enterrada que contenía celulares, cargadores, cables USB y una gramera digital.
En tercer lugar, en el penal Miguel Castro Castro, el INPE tuvo que romper parte de un muro ubicado en la zona de duchas para descubrir una “caleta” clandestina que contenía dos celulares. Posteriormente, durante una intervención extraordinaria, se volvieron a encontrar celulares, un USB, cargadores, cables y un router, además de 39 botellas de licor artesanal, cigarrillos y otros objetos prohibidos.
En cuarto lugar, en febrero de 2026, en Ancón I se desarrolló un operativo nocturno en cuatro pabellones que permitió encontrar seis celulares, un router, nueve dispositivos handsfree, cables, cargadores artesanales y una batería. Dos meses después, una requisa en todos los pabellones de Ancón I permitió hallar celulares, dispositivos handsfree, armas punzocortantes y objetos punzopenetrantes, varios de ellos escondidos en tachos de basura.
Finalmente, en noviembre de 2025, el INPE realizó un megaoperativo en el penal Trujillo Varones, donde se encontraban internos vinculados a organizaciones como Los Pulpos, Los Injertos del Norte y La Jauría Nueva Generación. Durante la intervención se incautaron libretas, celulares y sustancias ilícitas. Además, en agosto de 2025, la Fiscalía y la Policía intervinieron a un interno del penal tras una denuncia por una presunta extorsión, por lo que fue enviado a aislamiento.
Control interno
Mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encargarán de reforzar la seguridad exterior, el INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los cinco recintos.
La disposición establece, además, que las medidas extraordinarias no implicarán una suspensión general de las garantías fundamentales. Durante los 60 días de vigencia, se deberán preservar los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso.