El Gobierno dispuso nuevas medidas en cinco establecimientos penitenciarios como parte de su estrategia para enfrentar el avance de la criminalidad organizada y reforzar la seguridad ciudadana en el país. La decisión busca fortalecer la vigilancia en los alrededores de estos recintos, aumentar el control de los accesos y evitar que desde allí se coordinen delitos hacia el exterior, especialmente mediante el uso de medios de comunicación prohibidos. La medida tendrá una duración de 60 días y contempla la participación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantendrá el control interno de las cárceles. Descubre cuáles son los penales incluidos, qué acciones se ejecutarán y qué derechos se restringirán durante la emergencia.
¿CUÁLES SON LOS 5 PENALES DECLARADOS EN EMERGENCIA?
La declaratoria comprende cinco cárceles ubicadas en distintas regiones del país y fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. Los establecimientos alcanzados por la medida son:
- Challapalca, en Tacna.
- Cochamarca, en Pasco.
- Miguel Castro Castro, en Lima.
- Ancón I, en Lima.
- Trujillo Varones, en La Libertad.
La disposición durará 60 días y abarcará el perímetro exterior de cada penal hasta 200 metros. Dentro de esta zona se restringirán temporalmente la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal durante el estado de emergencia.
¿QUÉ MEDIDAS APLICARÁN LA PNP Y LAS FUERZAS ARMADAS?
Durante este periodo, la Policía Nacional tendrá a su cargo el mantenimiento del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones reforzarán la vigilancia exterior para impedir fugas y delitos coordinados desde estos lugares.
Entre las acciones previstas están:
- Supervisar estrictamente los accesos y el perímetro exterior.
- Ejecutar labores de inteligencia para anticipar posibles fugas.
- Vigilar el espacio aéreo cercano a los establecimientos.
- Realizar acciones sobre el espectro electromagnético inmediato.
- Desarrollar operativos permanentes para retirar celulares, tarjetas SIM y armas.
- Coordinar estas intervenciones con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará administrando las cárceles y mantendrá la custodia de las zonas internas.
Aunque se establecen restricciones durante la emergencia, la norma mantiene la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿POR QUÉ EL GOBIERNO TOMÓ ESTA DECISIÓN?
La medida apunta a golpear a las organizaciones criminales que mantienen operaciones desde los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con la información oficial, los cinco penales seleccionados reúnen aproximadamente a la mitad de los internos relacionados con este tipo de agrupaciones, por lo que fueron considerados prioritarios para reforzar el control.
La medida llega mientras el Ejecutivo espera la aprobación de facultades legislativas, aunque el presidente del consejo de ministros, Luis Galarreta, afirmó que ya se adoptan acciones contra la inseguridad.
Cabe recordar que, un día antes de la declaratoria, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y Abraham Lescano, nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. El encuentro permitió coordinar las primeras medidas de la nueva gestión penitenciaria, según informa Andina.