Las brujas de Macbeth nunca le ordenaron que asesinara al rey Duncan, de acuerdo con el drama de Shakespeare. Se limitaron a anunciarle que algún día llevaría la corona. Las brujas no le dicen cómo accedería al trono, pero Macbeth solo necesitaba, acaso, ese impulso inaudito, porque a los hombres que ambicionan el poder no siempre hace falta darles instrucciones; a veces basta con tentarlos para que aquello que parece imposible parezca cada vez más plausible. Nadie culpará a las brujas, pero sin ellas quizá Macbeth no hubiera asesinado al rey.
El defensor del Pueblo ensayó su profecía esta semana. Si Keiko Fujimori disolviera el Congreso, dijo, su aprobación aumentaría entre veinte y treinta puntos, como ocurrió con su padre, Alberto. Acto seguido, aclaró que no estaba alentando nada porque él es demócrata. No hay manera de justificar esta provocación. Ningún analista político ha deslizado ese camino, pero estamos tan acostumbrados a la decadencia que sus declaraciones se minimizarán para ser olvidadas, como ha sucedido con tantas barbaridades. Qué triste final para una institución que fue tan importante en tiempos oscuros.
Desde el retorno de la bicameralidad, la presidenta no puede “cerrar el Congreso”. La Constitución le permite disolver la Cámara de Diputados únicamente después de que esta haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros. El Senado permanece en funciones y no puede ser disuelto. Salvo que el defensor haya querido atacar solo a la Cámara Baja, que parece ser la que evitaría un desequilibrio en el balance de poderes.
No se trata solamente de una imprudencia verbal. Los autócratas suelen usar los golpes de Estado como medidas de legitimación. Gutiérrez escogió como referencia el respaldo que recibió Alberto Fujimori después del 5 de abril de 1992 y le explicó a su hija cuánto podría ganar repitiendo el gesto. La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1993 para proteger derechos fundamentales y vigilar al poder, terminó convertida por unos minutos en una consultora de comunicación política.
Keiko Fujimori ha calificado las declaraciones como un “desliz” y ha rechazado cualquier cierre del Congreso. Pero el problema excede lo que ella piense hacer. La Defensoría del Pueblo existe para custodiar los derechos de los ciudadanos y vigilar que el poder permanezca dentro del orden constitucional. En el Perú, donde un presidente disolvió el Congreso en 1992 y otro intentó hacerlo en el 2022, el cierre parlamentario no es una torpe prospección. Como en Macbeth, funciona como un caballo de Troya en el imaginario de la opinión pública e introduce, temeraria e intolerablemente, la ruptura como un camino eficaz de gobierno.