Volver a ver esta semana a los piuranos y tumbesinos con el agua hasta las rodillas es la prueba más clara de la falta de interés y de planificación de los últimos gobiernos nacionales, pero también de decenas de alcaldes y gobernadores que no han podido o no han querido pensar más allá de sus cuatro años de gestión. Nunca existió la descentralización; lo que rige en el país es la desarticulación. En simple, el aparato estatal está roto y ahora también inundado.
Pese a las advertencias meteorológicas sobre un Niño extraordinario, y que sabemos qué pasa cuando llueve en el norte, no se invirtió en prevención. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 72% de los proyectos de prevención relacionados con la gestión de riesgos, el drenaje pluvial y las defensas ribereñas se encuentran paralizados o abandonados. ¿Por qué tanta ineptitud, por más advertencias que se hagan?
El problema es más estructural y tiene que ver con la estafa de la descentralización. El proceso iniciado en el 2002 durante el mandato de Alejandro Toledo transfirió funciones del Gobierno Central hacia 25 regiones y casi 1.900 municipalidades bajo el supuesto de que la cercanía al ciudadano mejoraba la toma de decisiones. Pero se transfirieron competencias y recursos económicos (canon, Foncomun, fondos sectoriales) sin construir capacidades técnicas, institucionalidad ni una gestión integrada del territorio. Eso sin mencionar que, cada cuatro años, con el cambio de alcaldes y gobernadores, se purga a los equipos de infraestructura o Defensa Civil para pagar cuotas electorales. Los expedientes técnicos de prevención, si los hubiera, quedan truncos o mal formulados.
Otro factor de conflicto es el suelo. Al otorgar a los municipios la competencia exclusiva sobre el ordenamiento urbano y la zonificación sin fiscalización real desde el nivel central, se generó un modelo de captura política local. Es decir, la permisividad frente a invasiones en quebradas y lechos secos se convirtió en la principal herramienta de clientelismo electoral.
La descentralización convirtió a los alcaldes en árbitros absolutos del suelo, pero sin asumir el riesgo: promueven o toleran el asentamiento en zonas no mitigables y, cuando el huaico arrasa las viviendas, exigen que el Gobierno Central financie el rescate, los bonos y la reconstrucción. La prueba más contundente de la quiebra del modelo de descentralización es que el propio Estado central tuvo que revertirlo de facto para evitar el colapso total. Ante la parálisis y la corrupción de los municipios y regiones tras El Niño costero del 2017, el Ejecutivo creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y, posteriormente, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), apoyándose en convenios de Gobierno a Gobierno (G2G). Este esquema es una recentralización explícita: Lima vuelve a tomar el control de las grandes obras de drenaje y represamiento, porque asume que los gobiernos regionales y locales no tienen el estándar técnico ni la probidad para ejecutarlas. La descentralización generó un Estado bicéfalo e ineficiente, donde los municipios denuncian “centralismo” para lavarse las manos y el nivel central esquiva a las autoridades locales, pues desconfía de su capacidad técnica.
Con un Niño de gran magnitud, es lógico que las prioridades de Keiko Fujimori estén puestas en atender la emergencia y salvar vidas, pero es urgente que, en paralelo, el nuevo gobierno le ponga el cascabel al gato e inicie la reforma del Estado con el foco en la descentralización fallida. Es ambicioso, políticamente costoso y tomará tiempo, pero es empezar o seguir ahogándonos, no solo con las lluvias, sino también con la ineptitud y la corrupción del Estado.
