El Perú no enfrenta este Niño desde cero. Conviene decirlo porque el debate público suele olvidar lo que el Estado sí ha construido. Pero también hay que decir lo segundo: una norma no protege a nadie si no llega a tiempo al territorio.
El riesgo es considerable. Desde 1980, el Perú ha vivido dos eventos de gran magnitud: el de 1982-1983, cuando la economía cayó cerca de 10%, y el de 1997-1998, con daños equivalentes al 6,2% del PBI. Esta vez, como en 1997, coinciden dos amenazas: lluvias intensas en la costa norte y riesgo de sequía en la sierra sur. El país ya está en alerta y cientos de distritos han sido declarados en emergencia.
Frente a este escenario, el Perú tiene herramientas para responder. El Decreto Legislativo 1654 y su reglamento crearon una arquitectura de protección social adaptativa para los tres niveles de gobierno. Más de 60 servicios públicos han sido adaptados y hoy es posible cruzar información social y de riesgo para identificar a la población vulnerable. En marzo, el Decreto Supremo 002-2026-MIDIS estableció la ruta para activar entregas económicas ante emergencias de gran magnitud y, posteriormente, esta función se incorporó a Pensión 65.
Es un avance importante. Desde la pandemia sabemos que los programas sociales pueden llegar a territorios donde otras capacidades del Estado tardan más en hacerlo.
El Ejecutivo también ha planteado medidas frente a El Niño en infraestructura, agricultura, pesca, vivienda y ayuda humanitaria. En protección social, sin embargo, el desafío principal no es crear una nueva arquitectura. Ya existe. El reto es hacerla funcionar.
Y allí está el verdadero cuello de botella.
Quienes hemos gestionado en el sector público sabemos que una buena norma es apenas el comienzo. Para que una política llegue a las personas se necesita una cadena de mando clara: alguien que sepa qué debe activar, dónde, con qué recursos, en qué plazo y ante quién responde.
Esa cadena enfrentará, además, una doble transición. En el nivel nacional, un gobierno que asumió hace pocos meses continúa instalando equipos y funcionarios. En el territorio, las nuevas autoridades regionales y municipales asumirán el 1 de enero de 2027, precisamente cuando el evento podría encontrarse en una etapa crítica. Hasta diciembre gestionarán autoridades salientes; desde enero, autoridades que recién estarán recibiendo expedientes y conociendo la dimensión de sus responsabilidades.
El Niño no se detendrá mientras el Estado hace la transferencia de cargos.
Por eso, la protección social adaptativa debe convertirse desde ahora en una operación territorial visible. Cada sector que cuenta con servicios adaptados debería designar responsables operativos por macrorregión: funcionarios de alto nivel, identificables, con un territorio definido y capacidad efectiva de decisión.
Cada responsable debería conocer qué población debe proteger, qué servicios puede activar, cuáles son las brechas de atención, qué recursos tiene disponibles y cuáles son los plazos de respuesta. Y todos deberían coordinar entre sí para que, ante una emergencia, el ciudadano encuentre al Estado y no una suma de programas que actúan por separado.
Hay otra tarea que no puede esperar: preparar la transición subnacional. Las autoridades electas deberían incorporarse a esta coordinación desde que reciban sus credenciales. El objetivo es sencillo, pero crucial: que el 1 de enero la respuesta del Estado no vuelva a comenzar de cero.
También debemos anticipar las decisiones que sabemos que serán necesarias. Si la activación de entregas económicas requiere instrumentos adicionales, estos no deberían empezar a redactarse cuando las familias ya hayan perdido sus viviendas, cultivos o medios de vida. Y un tablero público de seguimiento, con información por región, permitiría conocer qué se activó, dónde, con qué recursos y a cuántas personas se está llegando.
El Perú ha invertido años en construir capacidades e instrumentos para responder ante una emergencia. Ese capital institucional no debería perderse en una transición de autoridades.
Porque cuando llega un desastre, las familias no necesitan saber cuántos decretos existen. Necesitan que la ayuda llegue.
Y allí se mide finalmente la capacidad del Estado: en quién toma la decisión, desde dónde la toma, con qué recursos y, sobre todo, cuánto demora en llegar al territorio.
