El “modelo Bukele” en seguridad comenzó por retirar alrededor de un 20% del personal policial, sea por corrupción, vinculaciones criminales o por edad. En el Perú es difícil retirar a policías corruptos. El régimen disciplinario tiende a absolverlos y, si son expulsados, el Poder Judicial suele reponerlos. La reforma policial en marcha plantea reformar la ley de Régimen Disciplinario y la ley de Ascensos de la PNP -no hay ni siquiera un reglamento de evaluación de desempeño para que se ascienda por mérito y no por contactos o pagos-. Pero, ¿cómo hacer para que el Poder Judicial no reponga?
Las escuelas de la policía son una puerta de entrada del mal: se cobra a los postulantes miles de dólares, facilitando que accedan los hijos de los delincuentes. Eso tiene que cesar. Fuera de eso, hay que reducir de 18 a 10 las escuelas de policía, para que tengan mejores locales y profesores.
En El Salvador los fiscales y jueces liberaban a los delincuentes que capturaban. El Congreso, ya con mayoría de Bukele, destituyó a los cinco magistrados titulares de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, y luego aprobó la reforma de la carrera judicial disponiendo el retiro obligatorio de jueces y fiscales al cumplir 60 años o 30 años de servicio, entre otras medidas. Como consecuencia, se renovó alrededor de un tercio de los jueces y fiscales, lo que facilitó que el gobierno contara con magistrados dispuestos a aplicar su estrategia de seguridad.
Acá el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha solicitado integrarse al Comando Unificado y está claramente comprometido, mientras que el Poder Judicial se muestra renuente, aunque podría comenzar por designar jueces decididos al subsistema especializado contra la extorsión. Pero la fiscalía, sin embargo, aún no termina de acordar un protocolo conjunto con la Policía para la investigación preliminar, que tiene que funcionar como una máquina para derrotar a la criminalidad. Pero, además, el Congreso podría aprobar una ley estableciendo un proceso extraordinario de evaluación de integridad de jueces y fiscales, con investigación patrimonial, detección de vínculos criminales, procedimientos disciplinarios expeditivos y garantías de defensa, a cargo de la JNJ, apoyada por una unidad técnica especializada y con participación de la Contraloría y la UIF.
Pero, para facilitar las condenas en El Salvador hubo que cambiar las normas. El código procesal era muy garantista. Se estableció el delito de pertenencia a una banda criminal -tipificada como terrorista-, que lleva 40 años de cárcel. Eso facilitó la tarea porque era muy fácil identificar a los miembros y cabecillas de las maras por los tatuajes que llevaban. Se encarceló a 85 mil en pocos meses. En el Perú los extorsionadores no llevan tatuajes identificatorios. Hay que probar la autoría de la extorsión. Es más complejo. Se necesita más inteligencia, más tecnología, más coordinación con empresas telefónicas y bancos, y darle a la UIF facultades de investigación penal para intervenir las empresas de fachada de las organizaciones criminales. Y, para la extorsión atomizada, alianzas con organizaciones de sectores extorsionados en ecosistemas locales que articulen alcaldes, instituciones, organizaciones y juntas vecinales en una red preventiva.
Y planes de trabajo y actividades para los jóvenes. Con todo eso ganamos.
