Terrorismo, violencia política y conflicto armado interno
Hace algunas semanas, las críticas al Lugar de la Memoria (LUM) se intensificaron desde sectores cercanos al oficialismo. Entre quienes cuestionaron este espacio se encuentran el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; así como las dirigentes de Fuerza Popular Martha Chávez y Rosangella Barbarán. En conjunto, han sostenido que el LUM no presenta adecuadamente lo ocurrido en el Perú durante el periodo de violencia política comprendido entre 1980 y 2000.
Más recientemente, la polémica continuó en torno a los textos escolares de Historia. Algunos periodistas han acusado al currículo y a los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación de minimizar el terrorismo o presentar una visión parcial de la violencia política. Sin embargo, una revisión de los textos muestra que sí abordan el surgimiento de Sendero Luminoso y del MRTA, los atentados terroristas, las masacres contra comunidades campesinas, el sufrimiento de las víctimas y el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión. También relatan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
La pregunta, entonces, no es si debemos abordar estos temas en los colegios, porque resulta evidente que debemos hacerlo. Incluso dejarse arrastrar por la discusión acerca de si se trató o no de un conflicto armado interno termina distrayendo el debate público. La verdadera interrogante es por qué, periódicamente, se instala la idea de que la escuela no aborda este tema o lo hace desde una perspectiva ideologizada. Detrás de estas controversias existe una disputa más amplia sobre el país que queremos construir y los valores que deben promover las escuelas, frente a los apetitos políticos de los gobernantes de turno.
El miedo al enfoque de género
Algo similar ocurre con el enfoque de género. Durante años se ha difundido la falsa idea de que busca modificar la identidad de los estudiantes o imponer determinadas orientaciones sexuales. No se trata de una crítica nueva ni espontánea: ha sido promovida de manera recurrente por determinados sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el enfoque de género tiene un propósito mucho más concreto y necesario: identificar situaciones de desigualdad, cuestionar estereotipos discriminatorios y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad de dignidad.
La censura de contenidos no permite la formación de ciudadanos de buena voluntad. Foto: AFP.La pertinencia de este enfoque se vuelve evidente cuando enfrentamos problemas como el acoso escolar, la violencia contra las mujeres, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y otras formas de violencia simbólica y física. Estos fenómenos no desaparecen por ignorarlos. Por ello, la escuela tiene la responsabilidad de brindar herramientas que permitan comprenderlos y prevenirlos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desaparecerlo?
Repensar el currículo implica conocerlo
En medio de estos debates, José Antonio Chang, actual ministro de Educación del Perú, ha anunciado una revisión del currículo escolar y la reformulación de algunos contenidos pedagógicos en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031.
La educadora peruana Lilia Calmet Böhme hace poco hizo referencia a Teresa Grasa, Gabriela Lafuente, Marta López Cebollada y Francisco Royo, destacando una idea fundamental: convivir implica reconocer que la dignidad del otro es igual a la propia. Este principio sigue siendo una de las tareas esenciales de la educación en nuestro país y que, al parecer, cuesta tomar en cuenta.
Por ello, el debate sobre el currículo no debería centrarse solo en eliminar contenidos incómodos para determinados grupos políticos o religiosos, sino en fortalecer sus contenidos y herramientas que permitan a las nuevas generaciones comprender su historia, respetar la diversidad y rechazar cualquier forma de violencia. Para ello es fundamental conocer este documento y, de ser necesario, realizar los ajustes pertinentes.
En última instancia, es claro que los intentos por censurar contenidos pedagógicos no fortalecen la formación ciudadana ni promueven una sociedad más justa. Por el contrario, favorecen que la intolerancia, la discriminación y distintas formas de violencia encuentren nuevamente espacio en la vida pública, algo que, lamentablemente, ya podemos percibir en nuestro país.