La disciplina escolar en el Perú podría experimentar cambios importantes con los nuevos lineamientos impulsados por el Ministerio de Educación (Minedu). La iniciativa, presentada el 12 de octubre de 2026, establece una clasificación de las conductas que afectan la convivencia en los colegios y define medidas correctivas y sancionadoras según la gravedad de cada falta. La propuesta busca fortalecer el respeto entre estudiantes, docentes y directivos, así como establecer procedimientos para responder ante situaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa. Sin embargo, se trata de un proyecto normativo publicado para recibir aportes, no de una norma definitiva ya aprobada.
Faltas leves: ¿qué medidas podrían aplicar los profesores?
Distraerse de manera recurrente, acumular tardanzas injustificadas o participar en actos de violencia tendrían consecuencias distintas bajo los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar presentados por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. La iniciativa busca reforzar la autoridad docente y la convivencia en los colegios, pero hay una precisión fundamental: se trata de una propuesta que, según la información difundida por Andina el 12 de octubre, será prepublicada en El Peruano para recibir aportes. Una vez aprobada, las instituciones educativas tendrían 30 días para adecuar sus reglamentos internos.
Dentro de las faltas leves se encuentran la distracción recurrente durante las clases y las conductas que perturban la atención de los compañeros. Su atención correspondería directamente al docente, mediante medidas de carácter formativo: amonestación verbal o escrita, reparación de bienes afectados, restricción temporal de espacios de recreación o actividades extracurriculares y separación momentánea del aula. En este último supuesto, el estudiante permanecería dentro de la institución; no se plantea enviarlo a casa como respuesta inmediata a una falta leve.
Faltas graves: celulares, tardanzas y suspensión de clases
El uso indebido del celular y acumular más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre figuran entre las conductas consideradas graves. La propuesta también incluye daños a la propiedad escolar, justificativos adulterados, agresión física leve sin lesión o agresión psicológica, posesión o consumo de sustancias prohibidas e incitación a retos peligrosos. En esta categoría, el director sería el encargado de aplicar las sanciones, que contemplan suspensión de hasta tres días hábiles —con un máximo de cuatro veces al año— y matrícula condicional.
La respuesta no dependería únicamente de cómo se denomine la falta. El planteamiento establece cinco criterios para graduar las medidas: edad y desarrollo del estudiante, historial de conducta, contexto y motivos, daño causado y arrepentimiento oportuno acompañado de voluntad de reparación. Ante una falta grave o muy grave, el hecho tendría que reportarse a la dirección dentro de las 24 horas y los apoderados serían citados presencialmente para asumir compromisos verificables. El protocolo comienza por detener la conducta y proteger a las personas involucradas.
Faltas muy graves: cuándo se plantea la expulsión escolar
El bullying, la violencia sexual, la extorsión, el uso de armas o artefactos explosivos, el hurto y el robo aparecen en la clasificación de faltas muy graves. También se incluyen la discriminación, las grabaciones que vulneren la intimidad, la destrucción de infraestructura, la venta de sustancias prohibidas, la falsificación de documentos y el fraude en evaluaciones, entre otras conductas. Para esta categoría, la iniciativa contempla la separación definitiva o expulsión del colegio, una medida cuya aplicación debe leerse junto con el procedimiento y los criterios de proporcionalidad previstos.
Frente a una separación definitiva, las familias tendrían tres días hábiles para solicitar una reconsideración y el colegio dispondría de cinco días hábiles para resolverla. El planteamiento señala, además, que la expulsión no supondría abandonar la educación: el Minedu garantizaría la continuidad del estudiante mediante la UGEL, con aulas digitales e híbridas y atención presencial en salud mental y soporte psicológico. Si los hechos constituyen presuntas infracciones penales, se comunicarían de inmediato a la comisaría o a la fiscalía de familia, conforme al procedimiento descrito en la iniciativa.
