La senadora Mirtha Vásquez junto con la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) y el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), presentaron una denuncia constitucional contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Lo acusan de infringir la Constitución al denunciar y amenazar a jueces que aplicaron el control difuso e inaplicaron las normas de prescripción y amnistía de delitos de lesa humanidad.
Según la denuncia, el expresidente del Congreso habría presentado hasta siete denuncias disciplinarias contra magistrados entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Entre los denunciados figuran Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz y Cano López. Las infracciones atribuidas podrían derivar en su suspensión inmediata y en su inhabilitación por hasta 10 años para ejercer la función pública.
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Cabe mencionar que la Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento disciplinario de destitución contra el juez Chávez Tamariz por inaplicar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad. El magistrado Concepción Carhuancho fue suspendido seis meses en junio, tras las acusaciones de Rospigliosi y del congresista Montoya.
El documento también cita los mensajes del senador en redes sociales. El 30 de enero, Rospigliosi escribió en X que no basta con reformar el sistema judicial, sino que hay que barrerlo.
Lo hizo en alusión a la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, que no aplicó la ley de prescripción en el proceso por la masacre de Cayara, en Ayacucho. Para los denunciantes, estas amenazas vulneran el artículo 43 de la Constitución, que establece la separación de poderes.
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El archivo del caso de esterilizaciones forzadas
Vásquez vincula la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, que impulsó Rospigliosi, con otro caso. La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos dispuso hace poco el archivo de la nueva investigación sobre las esterilizaciones forzadas. Vásquez pide que se revoque esa decisión y que se deroguen las normas que favorecen a violadores de derechos humanos.
La denuncia también sostiene que Rospigliosi usa su investidura para adoptar “de manera selectiva” represalias contra magistrados que investigan y sancionan violaciones graves ocurridas entre 1980 y 2000. Para los denunciantes, el amedrentamiento no alcanza a cualquier resolución, pues se concentra en fallos que protegen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La denuncia cita además los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución, que protegen la independencia de los jueces y las garantías de la función jurisdiccional. Advierte que, de no mediar una sanción institucional, el senador “continuará utilizando su investidura” para presionar al PJ cada vez que este falle en su contra.
