La experiencia de la pandemia dejó al descubierto las vulnerabilidades estructurales del país que hoy podrían agravar los efectos del fenómeno El Niño ¿Hemos aprendido de nuestros errores o seguimos expuestos a las mismas fallas en prevención, salud pública y gestión estatal?
RPP••Actualizado: 28 oct. 2026, 11:00 a. m.
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Durante la pandemia, una recomendación aparentemente sencilla resumió nuestras fragilidades como país: quedarse en casa. ¿Cómo hacerlo cuando había que salir a diario para conseguir el sustento? ¿Cómo aislar a un enfermo si toda la familia compartía una habitación? ¿Cómo evitar los contagios viajando hacinados? El virus encontró un país cuyas debilidades llevaban décadas advertidas. El resultado fue una tragedia: el Perú fue el país con más muertes por COVID-19 en proporción a su población. En julio de 2021, un comité multidisciplinario convocado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) publicó un informe sobre las causas de esas muertes. Su explicación combinaba problemas estructurales con decisiones equivocadas durante la emergencia. Cinco años después, con la amenaza de El Niño, vale volver a ese documento para hacernos una pregunta incómoda: ¿cuánto hemos aprendido? Las advertencias no empezaron con la COVID-19. Los devastadores episodios de 1982-1983 y 1997-1998 ya mostraron lo que ocurre cuando se ocupan territorios expuestos, faltan servicios adecuados y se responde tarde. Hubo obras y esfuerzos de prevención, pero no corrigieron lo esencial. Décadas después, seguimos discutiendo cómo proteger viviendas, mantener transitables las vías y asegurar la atención sanitaria. Tres problemas, que además se refuerzan entre sí, merecen atención.El primero es la precariedad de nuestras viviendas y del transporte. El informe describe cómo la ausencia de planificación urbana produjo barrios sin servicios básicos y hogares hacinados, mientras el transporte público multiplicaba los contactos que se pedía evitar. Protegerse dependía, en buena medida, del lugar donde se vivía y de los recursos disponibles. Frente a lluvias intensas, esa precariedad adquiere otra dimensión. Una vivienda en una quebrada, una ribera o una ladera inestable es una trampa mortal. La falta de drenaje y saneamiento agrava la exposición. Con las vías interrumpidas y sin alternativas de transporte, evacuar, llegar a un hospital o abastecer los mercados se vuelve muy difícil. La ciudad que durante la pandemia facilitó los contagios hoy obstaculiza nuestra protección frente a una inundación. El segundo problema es la debilidad de la salud pública. Concytec identificó un sistema fragmentado, con insuficiente atención primaria y graves carencias de personal, equipamiento e insumos. Las familias buscando desesperadamente oxígeno mostraron el costo humano de esa fragilidad. El Niño suele aumentar la demanda de atención por dengue, enfermedades diarreicas y lesiones. La interrupción del agua potable y el deterioro del saneamiento también pueden favorecer la propagación del cólera si la bacteria está presente. Al mismo tiempo, las inundaciones pueden dañar los establecimientos de salud y bloquear sus accesos. El riesgo es doble: más personas necesitando ayuda y servicios con dificultades para brindarla. Prepararse exige asegurar agua potable, energía, medicamentos, personal y rutas de acceso, además de fortalecer postas y centros de salud. El tercero es la dificultad del Estado para actuar a tiempo y de manera coordinada. El informe cuestiona las demoras en adquirir oxígeno, las decisiones sanitarias equivocadas y los entrampamientos entre instituciones. Advierte, además, que el temor a las sanciones paraliza a funcionarios incluso cuando urge decidir. Ante El Niño, esa combinación puede volver a ser letal. Una alerta científica sirve de poco si las autoridades no la convierten en prevención, mantenimiento, abastecimiento y evacuaciones oportunas. El Gobierno nacional, las regiones y los municipios necesitan responsabilidades claras y capacidad para ejecutarlas. Anunciar presupuestos no equivale a proteger personas. La prueba es si las medidas llegan antes del desastre. Basta imaginar el efecto en cadena: una familia que pierde su vivienda pierde también sus ingresos, queda aislada y necesita atención en un establecimiento que dejó de funcionar. Para quien vive al día, cada falla reduce las posibilidades de recuperarse. Y El Niño no agota el horizonte. Un sismo de gran magnitud pondría a prueba las mismas debilidades. ¿Resistirán nuestras viviendas? ¿Podremos desplazarnos? ¿Seguirán operativos los servicios de emergencia? El informe de Concytec deja una lección que trasciende la COVID-19: las consecuencias de una emergencia dependen también de cómo organizamos nuestras ciudades, cuidamos la salud y hacemos funcionar al Estado. La amenaza cambia; nuestras vulnerabilidades permanecen. Por eso el Estado debe abordarlas de manera sostenida, con prioridades, responsables y resultados verificables, vale decir gestión pública. De lo contrario, seguiremos contando muertos después de cada emergencia, sobre todo entre quienes tienen menos recursos para protegerse. La memoria de las tragedias anteriores debería bastar para evitarlo.
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